La informalidad es un mal enquistado en distintos sectores, aunque siempre con el mismo resultado: convertir lo que toca en una bomba de tiempo. Es el caso del transporte, donde solo el último domingo un incendio acabó con la vida de 17 personas en San Martín de Porres, Lima.

En efecto, el vehículo siniestrado, en el cual perecieron varios lambayecanos, estaba a punto de partir hacia Chiclayo desde un garaje informal en Fiori, una zona rodeada por puntos en los cuales los viajeros suelen tomar buses a diferentes partes del país. La seguridad a bordo de los mismos, a menudo, suele ser un misterio hasta que ocurren hechos como el registrado con la empresa Sajy.

La realidad no es muy distinta en Lambayeque, donde solo en la ciudad de Chiclayo se estima que existen más de 30 paraderos informales. Debido a dicha condición, el estado en que se encuentran los cientos de vehículos que operan en estos espacios resultaría incierto.

SITUACIÓN “Tenemos autorizados cerca de 30 paraderos en la ciudad de Chiclayo y una cantidad similar es la que existe de informales. Pueden ser más, en las distintas modalidades (combis, colectivos, etc.)”, menciona Segundo Soraluz Piñella, gerente de Desarrollo Vial y Transportes de la comuna provincial.

Según agrega, no existe una garantía de que los vehículos que se ubican en estos paraderos se encuentren en condiciones óptimas o cuenten con toda su documentación en regla. Lo básico en estos casos, explica, es que las unidades cuenten con un Soat (Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito) actualizado y con el respectivo certificado de inspección técnica vehicular. Verificar esto, sin embargo, no es competencia de la municipalidad.

“Las revisiones técnicas no nos corresponden, pero sí verificar el estado de los paraderos. Es la Policía la que tiene que verificar si los vehículos cuentan con toda esta documentación actualizada”, refiere el funcionario.

Él también detalla muchas de las prácticas generadas por la informalidad. Menciona que incluso los choferes de paraderos formales tienden a salir de las calles en las cuales tienen autorizado trabajar para evitar quedarse sin clientes ante el avance de los conductores que ocupan la vía pública.

“Los mismos formales, al ver competencia, ya no están en el sitio autorizado, sino que se van una cuadra o una cuadra y media más allá, es decir, terminan ocupando calles que no les corresponden”, dice Soraluz. En otros casos, sucede que algunos de los trabajadores de una empresa deciden separarse de esta y formar su propio negocio, lo que ocasiona que los paraderos informales proliferen cada vez más en la ciudad.

Conocer con exactitud cuántos vehículos son los que utilizan estos improvisados puntos de embarque también resulta complicado. Se estima que cada empresa cuenta con un promedio de 20 unidades, lo cual daría como resultado que aproximadamente 600 vehículos de paraderos informales estarían circulando en Chiclayo.

Ante esto, Segundo Soraluz asegura que empezarán a tomar acciones desde la municipalidad en los próximos días, lo cual incluye la realización de operativos para acabar con los paraderos informales. ¿Por qué estos no se realizaron con anterioridad? Según el gerente, debido a que no contaban con “capacidad operativa”.

“Ayer (el último lunes), se han sumado 15 inspectores para fiscalizar el tránsito, que sumados a los que tenemos, tendremos un total de 25. Eso nos va a permitir hacer intervenciones en los paraderos informales, pero además, nuestro objetivo es que todos los paraderos que están en la calle busquen un lugar donde funcionar”, afirma.

Soraluz dice que incluso alquilarán una grúa para poder llevar al depósito los vehículos que trabajan en paraderos informales. Su optimismo contrasta con una realidad que los chiclayanos perciben a diario, con impotencia, y sobre la cual el mismo funcionario lanza una reflexión: “bueno, acá han sido, pues, 12 años en los cuales no se ha hecho nada en el tema de tránsito”.

REGIÓN La informalidad también está presente en las vías interprovinciales que existen en el departamento de Lambayeque. Según refiere el gerente regional de Transportes y Comunicaciones, a diario se realizan entre 6 y 7 intervenciones a choferes que no cumplen con requisitos básicos como la misma autorización para realizar transporte público entre diferentes provincias.

Carrasco precisa que si bien la Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones no se encarga de verificar la condición de los paraderos, tiene también la obligación de luchar contra la informalidad. “Hacemos entre 6 y 7 intervenciones diarias con retención vehicular, por infracciones graves como no tener autorización, choferes sin la categoría requerida, sin Soat, entre otras”, asevera.

Wilman Carrasco dice que en la región existen al menos 120 empresas de transporte interprovincial registradas, las cuales cubren rutas entre dentro del departamento con unidades de tipo van y cúster. No obstante, señala que es complicado precisar cuántas empresas, por el contrario, son las que operan en la informalidad. Que todos los días se registren infracciones es una muestra de que no serían pocas.

En torno a una situación en la que también se requiere el trabajo en conjunto de entidades como la Policía y el mismo Gobierno Central, lo cierto es que queda mucho por hacer para evitar más tragedias.