La Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass) impuso 160 sanciones a 46 de las 50 empresas de agua potable y alcantarillado del país, entre el 2020 y 2021, por cometer infracciones administrativas, incumplir metas de gestión u otras obligaciones, en desmedro del servicio prestado a los usuarios.

Entre ellas, figura la Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento de Lambayeque (Epsel), la cual registra en total cinco sanciones solamente durante el 2021.

Según el informe de la Sunass, a Epsel se le impuso 3 sanciones por no implementar medidas correctivas, 1 por no efectuar desembolsos o utilizar recursos para fines distintos a los fondos, y 1 por incumplir con la remisión o difusión de información a la Sunass o usuarios.

Epsel afrontó procesos administrativos sancionadores por denuncias sobre desbordes, cortes de servicio agua, reducción de la presión y de las horas de servicio, cobros indebidos. También por la poca idoneidad en la orientación y atención al usuario de manera virtual, debido a la falta de entrega de formatos de reclamos y demora en la respuesta a los usuarios. A pesar de ello, no habría subsanado las observaciones realizadas.

“La función sancionadora de la Sunass tiene como objetivo principal disuadir a las empresas y reducir la probabilidad de situaciones similares en el futuro, siendo también un importante mecanismo de retroalimentación, pues ayuda a poner el foco en aspectos que requieren más atención por parte de las empresas, para garantizar la calidad del servicio”, informó la Sunass.

Los principales motivos de las 65 sanciones impuestas a 37 empresas durante el 2020 fueron, incumplir metas de gestión (37%), no implementar medidas correctivas (23%), no efectuar desembolsos o utilizar recursos para fines distintos a los fondos y reservas (19%), no informar a los usuarios o la Sunass sobre cortes del servicio (9%), incumplir obligaciones de buen gobierno corporativo (6%) y aplicar estructura o fórmula tarifaria distinta (6%).

En tanto, las 95 sanciones impuestas a 43 empresas, durante el 2021, tuvieron como principales motivos el incumplimiento de medidas correctivas (60%), no informar a los usuarios o la Sunass sobre cortes del servicio (15%), incumplir con las metas de gestión (13%), no efectuar desembolsos o utilizar recursos para fines distintos a los fondos y reservas (8%) y otros (4%).