Sunat embarga casa a “El Jefe”

Un inmueble de propiedad del exalcalde de Chiclayo, Roberto Torres Gonzales, fue embargado por la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria (Sunat).

La diligencia estaría motivada por el presunto caso de evasión de impuestos, cometido por “El Jefe”, y podría ayudar a determinar la responsabilidad de la exautoridad por el delito de lavado de activos, ilícito que se le atribuyó al ser desarticulada la supuesta mafia “Los Limpios de la Corrupción”.

modalidad. Los rótulos que pegaron los interventores de la Sunat indicaban que el embargo hecho a la vivienda ubicada en la cuadra 20 de la calle Sáenz Peña del distrito de José Leonardo Ortiz, era una diligencia en forma de intervención por información.

Al respecto, el abogado y especialista en temas tributarios, Jorge Sánchez Anaya, explicó que esta modalidad de embargo respondía al supuesto hecho de que los propietarios de este inmueble evadían tributos.

“Según el reglamento de cobranza coactiva de la Sunat, este tipo de embargo es por una deuda ante ella. No es una deuda cualquiera porque hacen suponer a la administración tributaria, la existencia de evasión de tributos y bajo mi experiencia cuando se sospecha del delito de lavado de activos, generalmente se realizan este tipo de embargos”, indicó.

Sobre el procedimiento en esta modalidad, el especialista indicó que “como es una medida preventiva, la función de los interventores es recabar información y derivarla al ejecutor coactivo quien evaluará si hay evasión tributaria. Si da cuenta de que existe, iniciaría un procedimiento establecido y dar cuenta a la Procuraduría sobre indicios en la comisión de algún delito”.

LÍMITES. Ante un posible intento por parte de los propietarios de obstaculizar información para esta diligencia, Sánchez explicó sobre las facultades que tendría los interventores para conseguirla.

“Si hay un embargo de este tipo es porque la administración tributaria tiene el temor de que el deudor pueda evadir responsabilidades. Cuando se produce una intervención así, los dueños podrían poner trabas para facilitar información, entonces el ejecutor coactivo tienen la facultad para usar la fuerza pública y facilitar la función que asignaron a los interventores”, finalizó.