El distrito de Tumán fue declarado en estado de emergencia durante 30 días por el Poder Ejecutivo tras los últimos enfrentamientos registrados por pugnas en la administración de la empresa azucarera local.

Con ello, a primera hora, un fuerte contingente de 300 policías llegó al distrito azucarero a fin de cumplir lo expresado en el decreto supremo.

PROTESTAS. A pesar de la masiva presencia policial, muchos de los trabajadores de la empresa continuaron con las protestas frente a la comisaría sectorial.

Así, durante varias horas esperaron para conversar con el representante de la Defensoría del Pueblo, Julio Hidalgo.

Asimismo, cerca del mediodía se acercó el fiscal de Prevención del Delito, Paul Sánchez Díaz, quien les explicó a los pobladores sobre las disposiciones de la medida de emergencia.

De esta forma, recién a la 1 de la tarde, y tras un perifoneo previo, la Policía empezó a revisar documentos de identidad y a dispersar a las personas.

Asimismo, cerca de las 4:30 de la tarde, un contingente de 200 soldados del Ejército del Perú llegaron hasta el distrito para apoyar a la Policía en las labores de resguardo.

Ellos cuidarán tanto la empresa azucarera como el centro de Salud, municipio y el Juzgado de Paz Letrado.

VERSIONES. Tras enterarse de esta disposición, un grupo de trabajadores llegó hasta los exteriores de la EAI Tumán para protestar contra la medida.

Al respecto, el dirigente y exadministrador judicial, Alejandro Zevallos, señaló que continuarán con la desobediencia y las reuniones, pero fuera de Tumán.

“No hay los antecedentes ni argumentos de violencia como para declarar el estado de emergencia. Nuestra decisión es seguir con la desobediencia, no vamos a acatar la disposición por ser arbitraria. Si bien en Tumán no podemos reunirnos, sí tenemos libertad y podemos hacerlo en Pucalá, Pomalca o sus anexos”, señaló.

Minutos después, algunos dirigentes se reunieron con el representante de la Defensoría del Pueblo, y el jefe de la Segunda Macro Región Policial Lambayeque, Jorge Pérez Flores.

Precisamente, el comando policial dio algunos alcances de la declaratoria y sobre los acuerdos pactados.

“Este decreto restringe algunos derechos como el libre tránsito, la libertad individual, de reunión y la inviolabilidad de domicilio. No habrá toque de queda por el momento, pero sí en caso se conociera de personas con armas, así sea en una casa intervendremos”, sostuvo.

De igual forma, señaló que cuentan con el respaldo de efectivos de las ciudades de Trujillo y Piura.

“Sobre los oficiales, llegarán más dependiendo cómo se den los eventos. La idea no es buscar un enfrentamiento, sino llegar a la tranquilidad”, dijo.

Por su parte, el asesor legal del Grupo Oviedo, José Carlos Isla, expresó que esta disposición ayudará a restablecer la calma en el distrito.

“Esperamos que se restablezca la paz laboral. No queremos más violencia en Tumán ni más administraciones judiciales dadas por jueces no competentes. Hacemos una invocación a los trabajadores que de manera pacífica se reincorporen a laborar y hacer todos los esfuerzos del diálogo”, detalló.

Agregó que el actual directorio realiza una auditoría para saber cuál ha sido el impacto negativo en la empresa durante estos días de paralización.