UNPRG lucha por licencia de Sunedu pese a deficiencias

La Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo (UNPRG) enfrenta los últimos cinco meses para lograr el licenciamiento institucional de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu).

Pese al poco tiempo y las deficiencias que persisten en las aulas; autoridades, docentes y alumnos buscan subsanar las observaciones ante una eventual visita de verificación.

A CONTRACORRIENTE

Desde entonces, algunos aspectos de la única universidad pública de la región no han cambiado.

El costoso “jardín botánico ecológico”, que presentó el exrector Agustín Ramos García en 2014, ahora luce cubierto de maleza mientras las viejas sillas en las aulas de los pabellones siguen invariables.

Con algunas modificaciones en marcha, como la construcción de los laboratorios para la Facultad de Ingeniería Agrícola -valorizada en más de 3 millones de soles-, la UNPRG se prepara para recibir a un equipo de evaluadores designado por Sunedu.

Pero para llegar a esta segunda etapa -que permitirá verificar si la universidad cumple con las ocho Condiciones Básicas de Calidad-, la universidad aún debe presentar el que se espera sea “su último informe”.

El primer reporte que entregó la UNPRG recibió 30 observaciones de Sunedu, según explicó la directora de la Oficina General de Calidad de dicha universidad, María Rosa Vásquez Pérez.

En una segunda oportunidad, Sunedu exigió una nueva subsanación y ahora se prepara un tercer informe para cumplir con 49 indicadores de evaluación de los 55 que establece Sunedu.

Los otros seis indicadores corresponden a la II Condición Básica de Calidad relacionada con la creación de nuevas universidades o la ampliación de la oferta educativa, que en el caso de la UNPRG, no es aplicable.

Durante más de dos años, la universidad no ha podido superar la primera etapa del procedimiento de licenciamiento institucional que consiste en la revisión documentaria.

La directora de la Oficina de Calidad explicó que una de las principales dificultades fue la modificación del estatuto y la aprobación de los planes de estudio.

Sin embargo, ¿por qué tardaron tanto ambos procesos? Vásquez Pérez indicó que se realizaron seis asambleas universitarias antes de que, en junio de este año, se lograra aprobar cambios en el estatuto de la Universidad.

“No podíamos mejorar la presentación de los documentos porque se estaba contradiciendo con el estatuto, de acuerdo a las observaciones que nos han hecho. Lo que estábamos proponiendo no estaba en contra de la Universidad, nos estábamos alineando a la ley Universitaria”, agregó.

Uno de los puntos controversiales fue el límite de edad para los docentes que, de acuerdo a la Ley Universitaria, establece 75 años.

Otro de los puntos fue incorporar a las funciones del Consejo de Facultad la aprobación de los planes de estudios de los programas de maestrías y doctorados.

“No se había colocado en el estatuto esa atribución que tiene el Consejo de Facultad de acuerdo a la ley. Entonces, tampoco querían aprobarlo. Hemos tenido que conversar porque eso era para el licenciamiento”, precisó.

En el caso de los planes de estudio, su aprobación estuvo a cargo de los decanos de cada facultad. Sin embargo, recién con la designación de nuevas autoridades en 2018, los planes fueron ratificados indebidamente por el Consejo de Facultad.

“Cometimos un error. El Consejo de Facultad ratificó los planes de estudio pero, el estatuto establece, que deben ser aprobados, no ratificados. Eso implicó todo un cambio”, agregó.

OBRAS

Al margen de los cuestionamientos que ha tenido desde que asumió la dirección del rectorado, la autoridad universitaria sostiene que el presupuesto anual que recibe del Ministerio de Economía y Finanzas es insuficiente.

Los cerca de 50 millones de soles anuales, además de los fondos directamente recaudados, no permiten -según refirió el rector- realizar todos los cambios que requiere la infraestructura de la Universidad.

Una de las Condiciones Básicas de Calidad exige que las universidades cuenten con líneas de investigación; pero Oliva Núñez cuestiona que no se otorgue presupuesto adicional para ejecutar proyectos de innovación con los alumnos y docentes.

“La investigación es uno de los temas importantes pero debemos tener un presupuesto determinado”, sostuvo.

La directora de la Oficina de Calidad también mencionó que contar con docentes incorporados al Registro de Investigadores en Ciencia y Tecnología del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (Regina) implica un gasto adicional del 50% para el pago de su remuneración.

“Además tienen que tener cuatro horas de clase. Eso significa contratar nuevos docentes para que cubran las horas y en una universidad pública, eso implica mayor inversión y no tenemos el presupuesto necesario”, manifestó.