Vulneran protección a víctimas de violencia

Defensoría advirtió que autoridades educativas no cumplieron con protocolo para menores de edad
Vulneran protección a víctimas de violencia

Vulneran protección a víctimas de violencia

19 de Octubre del 2018 - 09:05 » Textos: Alicia Tovar » Fotos: Correo

En lo que va del año, los menores de edad que sufrieron violencia física, psicológica o sexual en el colegio no recibieron atención inmediata.

Esta es la conclusión principal del último informe presentado por la Defensoría del Pueblo que advierte el incumplimiento que cometieron las autoridades educativas de brindar medidas de protección a las víctimas.

ALERTA. Tras una serie de intervenciones, la Oficina Defensorial de Lambayeque comprobó las débiles garantías que recibieron escolares víctimas de violencia.

A partir de las denuncias registradas en los dos últimos meses, esta entidad comprobó que tanto la Gerencia Regional de Educación como las Unidades de Gestión Educativa Local (UGEL) y los directores de los colegios no respetaron la obligación legal de separar de manera oportuna a los docentes involucrados en cada caso.

El primero de ellos está relacionado a la institución educativa N° 11098 “Juan Pablo II”, del distrito de La Victoria. En este plantel, la exdirectora Aurea Carranza Quispe fue denunciada por violencia física y psicológica en agravio de estudiantes del nivel de educación primaria.

Los presuntos actos que habría cometido la docente (como obligar a menores a limpiar los pisos de las aulas) fueron denunciados a la UGEL Chiclayo en mayo de este año, según refirieron los padres de familia.

A pesar que una resolución directoral, emitida el 25 de septiembre, ordenó iniciar un proceso administrativo disciplinario contra Carranza Quispe; la profesora asistió a trabajar al referido colegio hasta el 8 de septiembre.

Esta demora, como explica la comisionada de la Defensoría Marilia Flores Idrogo, vulneró el artículo 44 de la Ley N° 29944, “Reglamento de la Ley de Reforma Magisterial”, que establece las medidas preventivas cuando existe una denuncia administrativa o judicial por violación contra la libertad sexual, hostigamiento sexual y otros presuntos delitos.

CASOS. El mismo incumplimiento a la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes se evidenció en los colegios ”Comandante Elías Aguirre”, de Chiclayo, y “Héctor René Lanegra Romero”, de Ferreñafe.

En este último caso, la denuncia de violencia sexual contra el docente Gerardo Gonzáles Márquez fue reportada el 14 de septiembre. Pero cuatro días después, la Ugel Ferreñafe resolvió su separación preventiva pese a que esta debió ejecutare en un plazo máximo de 24 horas, según explica Flores Idrogo.

La representante de la Defensoría también señaló que la directora de este colegio, Carmen Tenorio Vílchez, deberá ser investigada por solicitar a los padres del agraviado que trasladen a su hijo otra institución educativa.

La cuarta denuncia fue difundida el 24 de septiembre por un jugador del equipo “Juan Aurich”, Jhoel Herrera, debido a la discriminación que sufrió su hijo en un colegio ubicado en el distrito de La Victoria.

La supervisión que realizó la Defensoría el 10 de octubre comprobó que el menor fue retirado por decisión de sus padres de la institución educativa donde -según señala el futbolista- recibió insultos por su color de piel.

Además, en la diligencia se verificó que el colegio no cuenta con un libro de incidencias ni plan de normas de convivencia escolar para el 2018.

RESPUESTA. El detalle de estos hechos fueron notificados al gerente regional de Educación, Ulises Guevara Paico, a través del oficio N° 0844-2018. El documento que figura como recibido el pasado 12 de octubre; aún no fue analizado por este funcionario tal como lo manifestó brevemente a Correo.

Guevara Paico, quien se excusó de declarar debido a una reunión, expresó que “no nos ha llegado nada todavía” y que incluso “no lo leo”.

EXTRAÑO. El caso más reciente se reportó el último miércoles debido a la desaparición de un estudiante de iniciales H.G.P., del colegio San José.

Antes de que fuese ubicado, los familiares denunciaron que el menor habría sufrido acoso escolar. Se trataría, según explicaron, de amenazas que recibió el estudiante de sus compañeros para que les entregue dinero.

Por ello, los familiares entregaron las conversaciones halladas en el celular del menor a la División de Investigación Criminal (Divincri). 

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