El presidente ejecutivo de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), David Hernández, descartó la existencia de irregularidades en el proceso de adquisición de 40 000 cámaras de videovigilancia destinadas a 8 000 buses del transporte público.

Precisó que el procedimiento aún se encuentra en ejecución y se desarrolla de manera pública y transparente, conforme a la normativa vigente.

Hernández rechazó las versiones que aluden a un presunto favorecimiento a una empresa vinculada a un ciudadano extranjero, y aclaró que hasta el momento no existe una adjudicación definida ni contratos suscritos. “En este momento ni siquiera hay contrato, ni postulantes cerrados”, dijo.

En ese sentido, remarcó que el proceso no ha cerrado postulantes y que todas las actuaciones institucionales, incluidas las visitas, se encuentran debidamente registradas para garantizar la transparencia.

Respecto a los cambios en las bases, explicó que se amplió el plazo de entrega de las cámaras a raíz de consultas formuladas por los propios postores, y no por decisiones discrecionales.

Añadió que las modificaciones son parte del proceso y que, de no presentarse nuevos ajustes, la adjudicación podría concluir antes de fin de mes.