La semana que nos deja, convulsa como muchas, comenzó con las imágenes del allanamiento a la vivienda de Yehude Simon y su posterior detención, acusado de ser el líder de una organización criminal que favoreció a la empresa Odebrecht con la concesión de la obra Trasvase Olmos en el año 2004, cuando el fundador del partido Juntos por el Perú era presidente regional de La Libertad.

El documento que permitió el arresto revela que Simon tenía los codinomes “Gorno” y “Terco” para recibir dinero ilícitos de la Caja 2 de la constructora brasileña, la que además aportó 300 mil dólares a la campaña para su reelección en el 2006.

“REENGANCHES”. En el ámbito del Ejecutivo, dos informaciones reveladas por Correo llamaron la atención de propios y extraños: el nombramiento en el Estado de dos exministros que dimitieron en medio del escándalo.

Tal fue el caso de Zulema Tomás (Salud) quien dejó el portafolio cuando trascendió que su esposo, Miguel Palomino, fue contratado en Registros Públicos, mientras que la pareja del jefe de esa entidad, Manuel Montes, laboraba en el Minsa. La exministra es ahora asesora del Instituto Nacional de Salud del Niño, cuyo jefe, Antonio Zopfi, nombró ella en enero del 2019.

Por su parte, Francesco Petrozzi -quien dejó Cultura cuando se difundió que separó a Hugo Coya de la presidencia del Instituto Nacional de Radio y Televisión- fue designado agregado cultural en la embajada de Perú en Alemania, con un salario de 8,400 soles.

El jefe de Estado Martín Vizcarra, a su turno, tuvo que enfrentar las consecuencias de un huaico que afectó el Hospital Regional de Moquegua, construido gracias a los más de 41 millones de soles que en el 2014 transfirió su gestión en el gobierno regional.

El hecho destapó que el Colegio de Ingenieros de Moquegua advirtió -antes de la construcción del nosocomio- que este se ubicaría sobre una zona crítica y en un suelo de mala calidad.

MISTERIO SIN RESOLVER. Finalmente, la semana cerró con la muerte del presidente de la Junta de Fiscales de Ucayali, Luis Jara Ramírez, en la carceleta del Poder Judicial (PJ), donde este cumplía una detención preliminar por ser el supuesto líder de la organización “Los patrones de Ucayali”, acusada de cobrar cupos a trabajadores del Ministerio Público. El deceso por un balazo es materia de investigación.