La Contraloría General de la República del Perú identificó que cerca de 70 trabajadores del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil tramitaron de forma irregular más de 700 Documentos Nacionales de Identidad (DNI) durante los años 2023 y 2024.

Según el informe de control N.° 001-2026-2-0646-AC, se detectaron casos en los que no se acreditó el pago correspondiente o se utilizó de forma indebida el beneficio de gratuidad destinado a sectores vulnerables.

DNI emitidos sin acreditar pago

La auditoría identificó 436 trámites de DNI en los que no se cumplió con el pago del derecho administrativo exigido en el Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA).

Para ello, trabajadores de la Dirección de Servicios Registrales utilizaron el sistema informático institucional (SIO) registrando la opción “pérdida” en el campo de pago, lo que permitía generar automáticamente recibos con valor cero y evitar la validación del pago.

Esta modalidad fue usada para beneficiar a los propios trabajadores, compañeros de oficina y terceros.

Los casos se concentraron principalmente en oficinas de San Pablo y Lurín, donde incluso un mismo servidor recibió varios trámites sin sustento en pocos meses.

Fallas de control y uso indebido del sistema

Los trámites fueron aprobados por personal de la Subdirección de Procesamiento de Identificación sin advertir la falta de pago, pese a que las tasas pueden llegar hasta S/ 41.

Aunque el Reniec prohibió en abril de 2024 el uso de la opción “pérdida” para estos casos, la Contraloría detectó 97 trámites adicionales posteriores, lo que evidencia el incumplimiento de las disposiciones internas.

Asimismo, se registraron 1816 trámites con esta modalidad sin que los recibos fueran marcados como utilizados, lo que genera riesgo de duplicidad o devolución indebida de pagos.

Uso indebido de gratuidad para sectores vulnerables

El informe también identificó 266 casos de uso irregular de la gratuidad en la emisión de DNI.

En estos casos, trabajadores registraron trámites para sí mismos, colegas o terceros sin acreditar condiciones como discapacidad, pobreza o afectación por desastres, requisitos exigidos por la normativa.

Se detectaron situaciones en oficinas de Chosica y Huancayo, donde se aplicó la gratuidad sin sustento documental.

Además, se hallaron deficiencias en el registro de documentos que acrediten discapacidad, como el carné del CONADIS, tanto en el sistema como en archivos físicos.

Responsabilidades identificadas

La Contraloría determinó presunta responsabilidad penal en tres trabajadores, de los cuales dos ya no laboran en la entidad.

Asimismo, 69 servidores enfrentarían responsabilidad administrativa por su participación en los hechos.