Defensoría del Pueblo: Urge traslado inmediato de adultos mayores de albergues a centros temporales

Ante los casos de contagios de personas adultas mayores residentes y trabajadores en albergues o Centros de Atención Residencial, la Defensoría del Pueblo ha solicitado al Ministerio de Salud la realización de pruebas de descarte a la totalidad de la población residente y los trabajadores de los centros acreditados y no acreditados, pero identificados, por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP).

Así también, la inmediata supervisión del cumplimiento de la norma “Prevención, diagnóstico y tratamiento de personas afectadas por COVID-19 en el Perú”, aprobado mediante R.M. Nº 193-2020-MINSA.

Asimismo, señala que es urgente que el MIMP en su condición de ente rector de la protección de los derechos de las personas adultas mayores, implemente un Plan Integral que incluya las coordinaciones con la autoridad de salud para la evaluación de las personas adultas mayores diagnosticadas como positivas, para identificar aquellas que requieren urgente hospitalización.

Dicho Plan debería incluir medidas de contingencia ante la falta de personal que realice el cuidado, el cual incluya el traslado de las personas mayores diagnosticadas con COVID-19 a un establecimiento específico, con personal debidamente capacitado, y aquellas que no han sido diagnosticadas puedan permanecer con su familia o ser trasladadas a otros centros que reúnan las condiciones adecuadas para que sigan recibiendo los servicios de cuidado.

La Defensoría del Pueblo alertó que la celeridad con que estas acciones se realicen es vital porque significan la diferencia entre la vida o la muerte por la alta letalidad en esta población que, en su mayoría, presenta enfermedades crónicas, así como altos niveles de fragilidad y dependencia de cuidados.

Por ello, urge contar con un plan que organice la coordinación entre autoridades para que las respuestas se produzcan con la rapidez que la situación demanda y con ello se evite que los centros de atención residencial se conviertan en focos de expansión de contagio del coronavirus, con las consecuencias fatales que han sido vistas en otros países.

Para superar esta situación, la Defensoría del Pueblo considera que se deben agotar las gestiones desde el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, en coordinación con el Ministerio de Salud, para una intervención articulada que incluya además a los gobiernos regionales y locales, a fin de lograr que las personas adultas mayores que actualmente viven en centros residenciales puedan permanecer en lugares seguros y recibiendo los cuidados que requieran.

Estas preocupaciones están reflejadas en las gestiones que se han venido realizando desde el 09 de marzo y que se encuentran también recogidas en el informe que dieron a conocer a las autoridades nacionales sobre la supervisión a 146 centros residenciales, comprobando que 90 de ellos carecen de protocolos que orienten su actuación frente a eventuales contagios y 85 no tienen un plan de prevención.

Asimismo, la Defensoría del Pueblo encontró que 97 de estos centros no tienen un médico permanente las 24 horas del día, es decir, dos albergues de cada tres. Esto podría generar, en la práctica, demoras en la atención de la salud de las personas adultas mayores residentes con sospecha de contagio o las diagnosticadas con el COVID-19, poniendo en riesgo a todas las personas residentes y trabajadores del lugar.