Este domingo se reveló que el Ministerio de Salud (Minsa) emitió una resolución 281-2020 el pasado 13 de mayo que permite a las empresas e instituciones públicas y privadas adquirir pruebas de diagnóstico del COVID-19 para descartar la enfermedad infecciosa entre sus trabajadores.

El programa “Cuarto Poder” reveló que el proceso desde la adquisición de la prueba hasta su reporte y resultado deberá ser fiscalizado por la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid), pero varía los estrictos requerimientos que había impuesto el Minsa para la adquisición de pruebas por parte de laboratorios privados que requería un “cuidado biomédico de los equipos y los tests”.

La resolución establece que las empresas, sin especificar tamaño, pueden comprar los test directamente. Las pruebas serán aplicadas a los empleados “a través de sus servicios de seguridad y salud en el trabajo o el centro de salud con el fin de que la prueba sea aplicada en condiciones de bioseguridad y sus resultados se registren en el sistema integrado para COVID-19”.

Con esta decisión, el Perú se convierte en el primer país de latinoamérica en autorizar la compra de pruebas de diagnóstico del COVID-19 por parte de empresas públicas y privadas.

Al respecto, la directora general de Digemid, Carmen Ponce, indicó que la norma mantiene “ciertas pautas” para la adquisición de las pruebas, pero reconoció que existen riesgos. Indicó que con esta medida se busca facilitarle a las empresas los insumos necesarios para su reactivación y el bienestar de sus trabajadores.

“No se trata de liberar, de decir a cualquier empresa, a cualquier organización decir ‘cómprese a quién sea’. No. Se puede comprar afuera, pero cumpliendo con ciertas pautas”, sostuvo en diálogo con “Cuarto Poder”.

“Toda decisión tiene sus riesgos, no vamos a tener decisiones que sean 100% efectivas, no las vamos a encontrar tal cual, menos en esta coyuntura donde el tema social está bastante movido también, yo creo que todo tiene sus riesgos”, señaló.