Defensoría del Pueblo: Protocolo contra las agresiones no se cumple

La Defensoría del Pueblo alerta sobre las condiciones que afectan a las víctimas de violencia en comisarías, fiscalías y juzgados a nivel nacional
Defensoría del Pueblo: Protocolo contra las agresiones no se cumple

Defensoría del Pueblo: Protocolo contra las agresiones no se cumple

24 de Diciembre del 2017 - 12:49 » Textos: Aurora Caruajulca acaruajulca@grupoepensa.pe

La mitad de las mujeres que se atreven a denunciar casos de violencia familiar ante los Centros de Emergencia Mujer (CEM) terminan por retroceder en su acusación, informó el Ministerio de la Mujer.

“Vienen al servicio, ponen la denuncia y después ya no quieren ir a las diligencias porque sufren presión familiar y social”, explicaron fuentes de ese sector.

¿Qué ocurre cuando la víctima no sigue con la acusación? La denuncia se archiva. En este caso, para la Defensoría del Pueblo urge que el Ministerio de la Mujer brinde acompañamiento a la víctima hasta el término del proceso, a fin de que el acusado por violencia tenga la sanción que le corresponde.A pesar de los avances del Estado en este tema, la respuesta a este problema aún no logra garantizar el acceso a la justicia para las mujeres víctimas, concluye el informe defensorial sobre la implementación de la ley para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres.

En ese sentido, la Defensoría del Pueblo alertó sobre la falta de articulación y presupuesto entre las dependencias y entidades del Estado al momento de combatir la violencia de género.

POCOS EXPERTOS

“El protocolo para denunciar a un agresor está bien hecho. Pero en la práctica no se cumple porque enfrentamos una serie de problemas de articulación de todas las instancias que tienen que resolver el tema. Por ejemplo, si una persona con agresión psicológica tiene que pasar por un reconocimiento médico. Pero cuando va a medicina legal, hay poco personal; entonces, las pruebas recién se dan entre tres y seis meses”, explicó a Correo Eliana Revollar, adjunta para los Derechos de la Mujer de la Defensoría del Pueblo, al recordar el caso de la periodista Lorena Álvarez, a quien le programaron una audiencia para octubre, pero la cita para su reconocimiento médico recién se la otorgaron para enero. ¿El motivo? La falta de especialistas. En Lima hay 12 psicólogos para atender todos los reconocimientos y ratificaciones no solo de violencia, sino de otros delitos. 

DIFÍCIL ACCESO A LA JUSTICIA

El primer servicio de atención a las mujeres víctimas de violencia son las comisarías. Según el reporte, cuatro de cada 10 encuestados de la Policía señalaron que estaban de acuerdo con la conciliación en casos de violencia contra las mujeres en una relación de pareja, pese a que no es una medida aplicable en estos casos. Como motivos, señalaron la protección de la familia y la percepción de que algunas mujeres mienten. 

“¿Qué habrás hecho? ¡Amístate con él! ¡No le habrás cocinado seguro!”, son algunas de las increíbles respuestas que las víctimas reciben en algunas comisarías.El informe revela también que el 59% de las usuarias del sistema de justicia considera que las comisarías no tienen un ambiente adecuado para la atención de las denunciantes. En cuanto a los servicios del sistema de justicia, el informe muestra que más de la mitad de jueces consideran que existen situaciones de violencia que pueden ser resueltas por la pareja mediante la conciliación. 

DOS DÍAS SIN PROTECCIÓN

Con relación a los plazos establecidos para ofrecer medidas de protección, cuatro de cada 10 funcionarios entrevistados declararon que se cumple con el periodo de 72 horas, mientras que tres de cada 10 declaró que excedían los plazos debido a sobrecargas laborales.Otro problema detectado es que los juzgados de familia no atienden ni sábados ni domingos, días en que ocurren el mayor número de incidentes de violencia. “Recientemente, en Tumbes una mujer denunció un tema de violencia. Era fin de semana, no funcionaba el juzgado y no le daban protección. Entonces no es culpa del juez, sino del sistema”, refirió Revollar.

La inversión del Estado no solo debe ser para las comisarías, fiscalías y el Poder Judicial, sino también en salud y educación. “Muchas veces por el área de emergencia de los centros de salud entran mujeres agredidas y no siempre dicen cómo es que tuvieron el impacto. O mienten y protegen a su agresor. Esto tiene que ser identificado en los hospitales y proceder con la denuncia”, dijo la funcionaria.

Cuando una mujer denuncia ser víctima de violencia, puede dirigirse a la comisaría, donde rellenará una ficha, que luego será enviada a la Fiscalía o de forma directa al Poder Judicial. Esta última entidad deberá emitir medidas de protección para la víctima, las cuales serán ejecutadas por la Policía. Después, el sistema de justicia deberá dictar una sanción para el agresor.

CIFRAS

66 mil víctimas de violencia familiar se registraron en 2017.

9 de cada 10 víctimas de violencia en 2017 fueron mujeres.

74% de víctimas de feminicidio son madres.

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