En octubre del 2018, una niña de 13 años fue ultrajada en tres ocasiones por Javier Ovenses Enríquez Aguirre (23) en Villa El Salvador. Producto de la violación, la menor de iniciales N.G.R.H. quedó embarazada.
Según cifras del Ministerio de la Mujer (MIMP), el año pasado 8139 niñas y adolescentes fueron víctimas de violencia sexual. La hija mayor de Virginia Huangal Lozano, cajamarquina de 32 años, formó parte de esta data.
En enero pasado, meses después de la agresión sexual, la menor se desvaneció en su casa y rápidamente fue trasladada por su madre al Policlínico IPRESS Villa Salud, donde descubrieron que tenía una gestación de 17 semanas y 6 días.
El diagnóstico señaló “desprendimiento prematuro de la placenta” y “supervisión de embarazo de alto riesgo” por su temprana edad. “Mi hija sufre de los riñones prácticamente desde que nació”, explicó su progenitora.
La agresión
El primer ataque ocurrió el 24 de octubre. La pequeña se vio obligada a pedir a unos amigos que vivían cerca de su colegio que le permitieran usar los servicios higiénicos por una de esas emergencias tan comunes provocadas por sus males renales.Al salir del cuarto de baño, no vio a los adolescentes, sobrinos de Javier Ovenses Enríquez. Solo quedó el agresor a su acecho, quien la forzó a subir al segundo piso del inmueble y abusó de ella.
Las dos veces siguientes, el sujeto la interceptó a la salida de la escuela y la subió a una moto a la fuerza. La menor calló durante semanas por miedo a las amenazas contra la vida e integridad de su madre y su hermano de seis años.
Falla en el Estado
Virginia ingresó a su hija el 30 de enero al Hospital Edgardo Rebagliati por primera vez. La menor fue atendida en Emergencias “por una infección urinaria y amenaza de aborto”. Estuvo internada cerca de siete días. Para entonces, tenía ya 19 semanas de gestación.La madre señaló que en EsSalud le indicaron “que la niña estaba bien, al igual que su embarazo. Solo la trataron por una fuerte infección urinaria”.
Sin embargo, fue llevada al mismo hospital el 24 de febrero por los constantes dolores en el vientre. Los médicos le dieron de alta a las pocas horas. “Le pregunté a mi hija si le hicieron los exámenes que dijeron tenían que realizarle. No hubo exámenes”, contó.
Por Emergencias, ingresó dos veces más al Rebagliati. El 7 de marzo, la menor tuvo fiebre y sus quejas por el dolor ya no cesaban. Permaneció seis días hospitalizada. “Esta vez yo no quería llevarla allí, quería que la atendieran en Villa Salud, pero se negaron y me dijeron que cualquier síntoma debía ir a Jesús María”, indicó.
Según manifestó, la penúltima vez desde el Rebagliati le pidieron que primero pasara por el Hospital Uldarico Rocca y luego fue trasladada. Tras los análisis, le indicaron que “no había una infección, que todo estaba bien”.
Daño irreversible
El médico psiquiatra Carlos Bromley asegura que “una víctima de violación es marcada emocionalmente para el resto de su vida”.Con respecto a lo que ocurre con menores, señala que “los 13 años son críticos en el desarrollo humano. Un trauma como la violación sexual puede repercutir en varios aspectos de su vida: en la relación con los demás, dificultades para tomar decisiones, se ve afectada por el estrés, problemas en el carácter, entre otros”.
Hay posibilidades de “comenzar a padecer un trastorno de ansiedad y cuadros de depresión severos”, que incluso “pueden llevar al suicidio”, añade el especialista.
Frente a un caso como este, Bromley indica la necesidad de que la víctima “sea evaluada por una junta médica” de psicólogos y psiquiatras “para estar seguros del diagnóstico”, siendo un derecho del paciente “saber qué tiene”.
En medio de ecografías y horas insoportables de dolor, el embarazo de cinco meses llegó a su fin. El 18 de marzo, tras haber ingresado por cuarta y última vez al Rebagliati, los exámenes indicaron “amenaza de parto prematuro”.
“Hay niñas de esa edad que tienen más desarrollada la matriz. Su útero es bien pequeñito, por eso es el dolor constante que ha estado sintiendo”, le dijeron a Virginia al explicarle la razón del padecimiento de su hija tras realizarle diferentes pruebas.
El neonato solo pudo resistir una hora
Dos días después, la menor entró en trabajo de parto a los cinco meses de gestación. El neonato solo pudo resistir una hora. Varias semanas antes de este desenlace, Virginia reclamaba por qué no se le informó acerca del protocolo del aborto terapéutico.Tras ser asesorada por el MIMP y tener contacto con otros especialistas, la madre de N.G.R.H. supo que tuvo el derecho de estar al tanto de esa información.
Ella decía firmemente que no estaba a favor del aborto, pero que siempre iba a querer “lo mejor para su hija”, y si una junta médica determinaba que su vida o salud corrían riesgo, hubiese dado su consentimiento.
Antes de que se terminara de redactar este informe, Virginia comentó que todavía no tenía un parte médico que explicara lo que ocurrió con su hija y que para que se lo entreguen debía ir el titular, que es el padre de la menor, quien ha estado ausente durante casi todo el proceso.
Desde el parto prematuro la menor pasó varios días sin comer, tuvo episodios de vómitos y evitaba hablar. Hasta la fecha está afectada psicológicamente, continúa con calmantes, aunque tiene mejoras en su salud física.
La madre aún demanda una explicación al hospital. El neonato fallecido permanece en la morgue. El martes deben realizarle la prueba de ADN, por orden judicial, para luego entregarlo a la familia.
Correo intentó, sin éxito, obtener una versión oficial por parte de EsSalud. En un inicio, se mostraron abiertos a dar una declaración oficial, sin embargo, tras reiterados intentos de comunicarnos con el área de prensa, no hubo respuesta.
Búsqueda de justicia
Virginia se siente defraudada por la posible fuga del violador. “Pedí que se dictara una orden de impedimento de salida en su contra, pero no me hicieron caso. Ahora debe estar bien escondido o fuera del país. Yo quiero justicia para mi hija”, reclama.Enriquez Aguirre fue denunciado en enero ante la jueza Helga Ortega Toledo pero el proceso se ralentizó por “la ausencia del documento del médico legista, que en un inicio fue dado por perdido hasta que se hizo público el caso.
Ella y su familia continúan recibiendo amenazas de muerte. Virginia también afirma que el MIMP tardó varios días para brindarle un abogado, pese a que pidió apoyo en el Centro Emergencia Mujer (CEM) de su zona.
Pese a que el aborto terapéutico no es delito desde 1924, recién en 2014 el Ministerio de Salud oficializó una guía técnica para su aplicación en embarazos menores de 22 semanas, recuerda la abogada Jeannette Llaja, quien enfatizó que el Código Penal, en el artículo 119, establece que mientras sea practicado por un médico y cuente con el consentimiento de la embarazada o su representante legal se puede realizar “cuando es el único medio para salvar la vida de la gestante o evitar un mal grave y permanente en su salud”.
Así, enfatizó que cuando se habla de “salud” se debe considerar el bienestar físico y el mental. “En casos como estos es un derecho que los médicos comuniquen sobre el protocolo de aborto terapéutico para que se pueda tomar una decisión”, detalló. “Haber permitido que esté tanto tiempo embarazada en las condiciones que se encontraba es muestra que el Estado, a través de EsSalud, no actuó adecuadamente”, añadió.
Finalmente sostuvo que pese a ser legal el procedimiento en cuestión “es todavía inaccesible” y da pie a que generar un debate “respecto a las niñas madres”. El problema, explica, está en “la mirada estricta y restrictiva” de los profesionales de la salud frente al aborto terapéutico.
Las últimas cifras oficiales sobre atención a menores embarazadas son de 2016. El Sistema Integral de Salud (SIS) recibió 641 menores de 13 años gestantes. Asimismo, el Reniec mostró una alarmante cifra de 1089 recién nacidos inscritos durante el mismo año con madres menores de 14 años y padres mayores de edad, lo que legalmente constituye como violación.