La Policía Nacional del Perú se pronunció en medio de las investigaciones por presuntas irregularidades registradas durante las elecciones generales de 2026. La institución negó que exista un requerimiento de detención preliminar contra el jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, Piero Corvetto.

La aclaración se dio luego de que circularan versiones sobre una supuesta medida judicial en su contra. Estos rumores se difundieron en redes sociales tras ser mencionados en un programa local.

El encargado de responder sobre este tema fue el director nacional de Investigación Criminal, Manuel Lozada. Desde la institución se precisó que no tienen conocimiento de una solicitud de esa naturaleza.

“No tenemos información, nosotros en la Policía no sabemos eso, la Policía no lo ha detenido. Simplemente la Policía no lo ha detenido. Fue detenido un gerente de Gestión Electoral (José Samané), pero eso ha sido hace 4 5 días”, precisó.

Situación administrativa en la ONPE

De manera paralela, la ONPE utilizó sus canales oficiales para informar sobre la situación administrativa de su titular. En esa línea, comunicaron que Corvetto no hará uso de sus vacaciones que ya tenía programadas tras la jornada electoral. Este periodo estaba contemplado entre el 7 y el 12 de mayo de 2026 y correspondía a un descanso pendiente del periodo 2022-2023.

Investigaciones en curso

El jefe del organismo electoral se encuentra bajo investigación fiscal por el presunto delito de colusión. El caso está relacionado con un supuesto favorecimiento a la empresa Galaga, encargada del traslado de material electoral durante los comicios realizados el 12 y 13 de abril.

Asimismo, la Junta Nacional de Justicia inició una investigación preliminar en su contra. Esta entidad solicitó a la Dirección de Evaluación y Ratificación la elaboración de un informe sobre su proceso de ratificación.

Las diligencias se desarrollan en un escenario de revisión de las actuaciones de funcionarios vinculados al proceso electoral. Las autoridades buscan determinar responsabilidades frente a los hechos reportados durante el desarrollo de los comicios.

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