El exministro de Salud, Óscar Ugarte, se refirió a la disposición del Gobierno Regional de Ica sobre el requerimiento de presentar el carnet de vacunación con las dos dosis contra el coronavirus (COVID-19) para ingresar a eventos masivos en dicha jurisdicción. Señaló que “eso debe ser una norma nacional” y que no corresponde a “una región limitar determinados derechos”.

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“Creo que no corresponde a una región limitar determinados derechos. Los ciudadanos tienen derecho a acceder a los servicios. En este caso la región Ica está limitando esos derechos en función de la no vacunación. Yo creo que este es un tema nacional. Debería haber una norma nacional, no puede ser que cada región determine ese tipo de limitaciones de los derechos”, precisó en entrevista Canal N.

“Yo entiendo la buena intención por parte de las autoridades de Ica para propiciar que la gente se vacune, pero creo que la medida no es esa, no corresponde, como digo, eso tendría que ser en todo caso una norma nacional”, aseveró.

Ugarte recordó que por ejemplo el Gobierno es el que determina los aforos en los establecimientos y que estos se definen por niveles. “Eso no lo decide cada región sino el Gobierno. El otro tema es si esto es conveniente o no, utilizar el rango de vacunación como un criterio para limitar, hasta el momento no ha sido hecho eso por la norma nacional. Yo creo definitivamente que no correspondería por ahora”, reiteró.

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Indicó que actualmente el promedio nacional de personas vacunadas contra el COVID-19 con dos dosis es del 35%. “En cada región el avance es diferente, Callao está en el 50%, Lima Metropolitana está en el 49%, Ica está por debajo del 50% de la vacunación de su población objetiva con las dos dosis. Si todavía no estamos en promedio nacional, por encima del 35% de vacunación, hacemos mal en poner trabas”, señaló.

El exministro comentó que aplicar este tipo de limitaciones podrían darse cuando el país esté al 70% de personas inmunizadas contra el coronavirus. “Mirando el ejemplo de otros países que están en el 70% sí se puede aplicar, pero en determinado momento. No puede ser que cada región defina criterios diferentes de limitación de un derecho ciudadano para acceder a servicios”, puntualizó.

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