Andrea Pereyra

La disputa legal por las obras en la Plazuela San Francisco ha tomado un nuevo curso, luego de que la sala en segunda instancia del Poder Judicial declarara improcedente la demanda presentada por la Orden Franciscana. A pesar de este revés, los franciscanos no se rinden y anuncian su apelación ante el Tribunal Constitucional.

Los franciscanos sostienen que las obras de recuperación en la plaza, cerrada desde agosto de 2022, deben detenerse debido a que el área es patrimonio histórico y no se cuenta con el estudio de impacto patrimonial aprobado por la UNESCO, requisito indispensable para este tipo de intervenciones. La falta de este estudio es el eje central de su argumento.

En respuesta, la Municipalidad de Lima, respaldada por el Ministerio de Cultura, defiende la legalidad de las obras y ha lamentado las pérdidas económicas ocasionadas por la paralización del proyecto, valoradas en 250.000 soles.

La Cofradía de Nuestra Señora de la Soledad, otro actor involucrado en el litigio, ha expresado su respaldo a la decisión del Poder Judicial.

Ante la decisión desfavorable del Poder Judicial, los franciscanos han anunciado su intención de apelar al Tribunal Constitucional. De no obtener un fallo favorable en esta instancia, no descartan recurrir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

La situación continuará en el plano legal con la firme postura de los franciscanos de defender el patrimonio histórico de la Plazuela San Francisco y la defensa de la legalidad de las obras por parte de la Municipalidad de Lima.

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Sostienen que deben detenerse debido a que el área es patrimonio histórico y no se cuenta la aprobación de la UNESCO.