Seis estudiantes del quinto año de secundaria del colegio Liceo Naval Almirante Guise, implicados en un caso de violación sexual a uno de sus compañeros de 16 años, podrían permanecer internados preventivamente por 4 meses. Así lo solicitó ayer la Fiscalía al 12° Juzgado de Familia de Lima.

Al cierre de esta edición, no se conocía que la audiencia para decidir la solicitud, que se iba a realizar de forma reservada, hubiese concluido.

En tanto, otros cuatro adolescentes fueron liberados y enfrentarán el proceso en sus domicilios.

Por su parte, la víctima, que responde a las iniciales J.L.T.M., será custodiada en su vivienda mediante un “patrullaje constante, de forma periódica semanal, a cargo de la comisaría del sector”.

La decisión fue adoptada por el mismo juzgado, que también ordenó que los presuntos agresores no accedan a redes sociales y sean sometidos a terapia psicológica.

EL CASO. Fue el último 15 de septiembre cuando, en horas de la tarde, se conoció que un menor de 16 años fue atacado por un grupo de sus compañeros al interior de un bus escolar. Los alumnos retornaban de una actividad deportiva. Según relató la tía de la víctima, en el vehículo incluso “iban dos profesores hombres, más el chofer”.

“Esto viene desde hace tres años, por lo menos, en que este grupo de muchachos siempre lo ha molestado (…). Mi hermano se ha ido a quejar al colegio, él (la víctima) ha hablado con las autoridades ¿Qué más podía pasar? No (hicieron) nada”, indicó la mujer a RPP.

En un inicio, se detuvo a diez jóvenes, los que fueron llevados inicialmente a la Comisaría de Familia en el Cercado de Lima. Allí se recogieron sus declaraciones iniciales. En el recinto, también fue entrevistado el menor afectado en la Cámara Gesell.

Sin embargo, ayer fueron liberados cuatro de ellos. Otros seis fueron trasladados en un vehículo policial, al promediar la 1:30 p.m., al Tercer Juzgado de Familia (Corte Superior de Justicia de Lima). Las diligencias se realizaron a cuatro horas de que venciera el plazo de 48 horas de retención, aplicado al grupo, que permite el Código de los Niños y Adolescentes (Ley N.º 27337).

Ante el citado despacho judicial, el fiscal Mariano de la Torre, de la Séptima Fiscalía de Familia de Lima Centro, solicitó que los seis detenidos sean internados de forma preventiva por cuatro meses, el plazo más extenso contemplado por la norma, que solo admite una prórroga de dos meses.

El pedido se presentó tras reunir “las declaraciones de los menores de edad involucrados, los policías intervinientes, padres denunciantes del hecho, el reconocimiento médico-legal de la víctima, entre otros”.

DESARROLLO. Más allá del internamiento preventivo, el caso continuará su curso hasta arribar a la denominada “audiencia única”, etapa en la que los menores implicados serán procesados y se evaluarán los elementos recabados.

Esta fase se desarrollará en distintas sesiones, de acuerdo a la disponibilidad del juzgado a cargo. La norma no establece plazos específicos para la frecuencia de las mismas.

El proceso se encuentra contemplado en el Código de los Niños y Adolescentes (Ley N.º 27337) vigente en reemplazo del nuevo Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes, el mismo que aún no se ha implementado del todo a nivel nacional.

Cabe recordar que un año atrás, en diciembre de 2025, el Tribunal Constitucional (TC) rechazó la Ley N.º 32330, publicada en El Peruano en mayo del mismo año, que incorporó a “los adolescentes de 16 y 17 años como sujetos imputables dentro del sistema penal”.

La demanda fue presentada por cuatro instituciones: la Defensoría del Pueblo, el Ministerio Público, el Poder Judicial y el Colegio de Abogados de Ayacucho.

“Este Tribunal advierte que también se vulnera el principio-derecho de igualdad en el presente caso porque se pretende juzgar a adolescentes infractores de 16 y 17 años junto con personas mayores de edad, bajo las mismas reglas procesales, sin tomar en distinción que se trata de dos grupos etarios distintos y con necesidades distintas”, concluyó el TC con cinco votos a favor.

La entidad consideró que “más allá de que a nivel interno se distinga entre niños (hasta los 12 años) y adolescentes (mayores de 12 años), y de que, a nivel internacional, el concepto de niño englobe a todo menor de 18 años, el marco jurídico constitucional e internacional de protección se extiende a toda persona que no supere la mayoría de edad (párrafo 1 de la Observación General 20-201696)”.

La ley hoy inaplicable establecía que los adolescentes de 16 y 17 años serían considerados penalmente imputables de 42 artículos del Código Penal, con los numerales 4, 5 y 6 del artículo 297, además de los delitos de terrorismo (Decreto Ley N.º 25475). En dicho grupo está comprendido el artículo 170 referido al delito de violación sexual.

​En el sistema penal ordinario, la pena por violación sexual va de 14 a 20 años de prisión. En su forma agravada, puede oscilar entre los 20 y 26 años. Hoy, con la norma vigente, los menores detenidos enfrentarían solo de uno a seis años de internamiento.

MÁS GESTIONES. El caso también será evaluado en el Congreso de la República, concretamente, en la Cámara de Diputados.

Las autoridades del colegio, que suma ya a tres trabajadores separados –la directora, un docente y el entrenador de fútbol–, serán citados por la Comisión de Inclusión Social, a cargo de la congresista Flor Meza (Fuerza Popular). “De todas maneras lo vamos a hacer”, puntualizó en diálogo con la prensa.

En esa línea, detalló que realizará un plan de trabajo para el que convocará al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), al de Educación (Minedu) y la la Fiscalía de la Nación.

Entre tanto, la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello, opinó que “todos estamos esperando el resultado de las investigaciones y tomar las medidas que correspondan”.

“Esto debe llamarnos a la profunda reflexión, que la violencia, la violencia sexual, debe ser erradicada en nuestro país”, sostuvo.