Un video difundido por Panorama muestra a ocho alumnos del Liceo Naval Almirante Guise, con uniforme deportivo, en un chifa de San Borja poco después de la presunta agresión sexual contra un compañero de 16 años. Este hecho ha generado indignación debido a la “normalización” con la que habrían reaccionado los alumnos tras el presunto abuso.

Según el reporte, a las 5:18 p.m. del martes 15 de septiembre ingresaron al local y dos minutos después se les ve reír e incluso aplaudir. Uno de ellos hace un ademán que aludiría a lo ocurrido. Cuatro cenaron y los demás tomaron gaseosa. No se advierte preocupación por la salud del agraviado, y a las 6:30 p.m. empezaron a despedirse.

De los ocho alumnos, solo seis se encuentran internados en el Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima, conocido como “Maranguita”, luego de que el Poder Judicial ordenara cuatro meses de internamiento preventivo mientras continúan las diligencias.

¿QUÉ PASÓ?

Sucede que el equipo volvía del colegio Mixto Santa Teresita, cerca de las 4 p. m. Adelante iban el chofer, un profesor y un entrenador. Los alumnos de las últimas filas habrían participado en el presunto delito.

De acuerdo con las investigaciones, los escolares afirman que vieron a la víctima herida y le dieron agua, pero ninguno aceptó haber cometido la agresión. Solo uno señala con nombre y apellido al presunto autor. Sumado a ello, los adultos que iban en el bus no habrían visto nada.

Posteriormente, el menor se fue solo a la clínica Auna, donde se encontró con su madre. Pero, desde otro lado, los presuntos agresores comían y bebían.

DENUNCIA DE RACISMO

Jorge Petrozzi, abogado del menor agraviado, advirtió que podría haber una carga racista y habló de hostigamiento y bullying de quienes “se creen inmunes a la autoridad”. Sostuvo que el ademán del video refleja falta de remordimiento.

Además, espera que los nombres de los adultos y “funcionarios públicos” se den a conocer, debido a que se puede denunciar por presunta omisión.

Por su parte, Julio Rodríguez, abogado penalista, mencionó que la sanción para estos casos, al tratarse de menores infractores, es el internamiento y el plazo máximo de esa medida es de 6 años. Mientras que los adultos podrían recibir hasta 26 años de pena privativa de la libertad.