Representantes de socias de Odebrecht a un paso de prisión

La Fiscalía solicita 18 meses de encierro preventivo para implicados que, según Jorge Barata, sabían de coimas que se pagaron por la Interoceánica Sur. Juez definirá mañana pedido del MP
Representantes de socias de Odebrecht a un paso de prisión

Representantes de socias de Odebrecht a un paso de prisión

02 de Diciembre del 2017 - 07:00 » Textos: Juan Hidalgo/ Glademir Anaya » Fotos: Correo / Video: Glademir Anaya

Además de una investigación preliminar por las coimas que Odebrecht admitió pagar a cambio de la adjudicación de la Interoceánica Sur, los representantes de las empresas peruanas que se asociaron con la constructora brasileña también pueden enfrentar 18 meses de prisión preventiva.

El equipo especial del Ministerio Público para el caso “Lava Jato” solicitó al Poder Judicial (PJ) tal medida para José Alejandro Graña Miró Quesada, Gonzalo Ferraro Rey y Hernando Alejandro Graña Acuña, exdirectivos de Graña y Montero (GyM).

Lo mismo hizo en el caso de los todavía ejecutivos Fernando Martín Gonzalo Camet Piccone, de J.J. Camet Contratistas Generales, y José Fernando Castillo Dibós, parte de Ingenieros Civiles y Contratistas Generales S.A. (ICCGSA).

GARANTÍA

El pedido, que se presentó ayer, refiere que la medida busca asegurar la presencia de los cinco representantes durante la investigación preparatoria por los presuntos delitos de colusión agravada y lavado de activos en agravio del Estado.

Como se sabe, se incluyó a los cinco empresarios en la pesquisa por la adjudicación de los tramos 2 y 3 de la Carretera Interoceánica Sur luego de que el equipo especial “Lava Jato”, que lidera Hamilton Castro, corroborase la declaraciones de Jorge Simoes Barata, exrepresentante de Odebrecht en el Perú, quien afirmó que las compañías que entonces eran sus socias sabían del millonario soborno -20 millones de dólares- que se pagó por dicha megaobra.

“De acuerdo con los indicios corroborados, dichos empresarios, en su condición de altos directivos de las empresas Graña y Montero, J.J. Camet e ICCGSA, habrían defraudado al Estado al concertarse con el expresidente de la República, Alejandro Toledo, de tal modo que resultaron beneficiadas con el otorgamiento de la buena pro”, cita una nota de prensa de la Fiscalía.

Incluso, la disposición del Ministerio Público para investigar a los cinco empresarios refiere que las firmas que representaban contribuyeron, presuntamente, con el pago de las coimas al aportar un monto de más 15 millones de dólares.

Según la hipótesis de la Fiscalía, esto se concretó cuando las compañías peruanas cedieron un mayor porcentaje de utilidades a su par brasileña, lo que se justificó en actas bajo el supuesto concepto de “riesgos adicionales”. De esta manera, GyM habría endosado 6’219,627 dólares, J.J. Camet, 5’641,151 dólares e ICCGSA, 3’223,026 dólares.

Por su parte, el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, manifestó que el Ministerio Público está a la espera de la respectiva resolución.

“El fiscal Castro pidió al juez acciones coercitivas, es decir, está proponiendo medidas de limitación personal y estamos a la espera que el juez tome la decisión pertinente”, declaró desde la Conferencia Anual de Ejecutivos (CADE) en Paracas.

CUENTA REGRESIVA

Al comenzar la tarde de ayer, el Poder Judicial informó que la diligencia para la evaluación del pedido se programó para mañana a las 9:30 a.m., en la Sala Penal Nacional.

Se detalló también que el caso estará a cargo del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, cuyo titular, Richard Concepción Carhuancho, ya dictó prisión preventiva a los exmandatarios Alejandro Toledo y Ollanta Humala, así como a la esposa de este último, Nadine Heredia.

REACCIONES

Desde el Hall de los Pasos Perdidos del Parlamento, legisladores de diversas bancadas se pronunciaron sobre el pedido de prisión preventiva para los directivos de las empresas consorciadas, involucradas en coimas que pagó la constructora Odebrecht.

Desde el fujimorismo, consideraron que la denuncia constitucional presentada en el Congreso contra el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, ha sido uno de los motivos por los cuales el Ministerio Público viene actuando con celeridad.

A juicio de la legisladora y presidenta de la Comisión “Lava Jato”, Rosa Bartra, es sorpresivo que la Fiscalía venga actuando de una manera bastante ágil. “En las últimas semanas se han tomado decisiones importantes, como incluirlos en la investigación, y ahora rápidamente se ha pasado a la decisión de prisión preventiva”, señaló.

En esa línea, sostuvo que al parecer el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, necesitaba un estímulo por parte del Congreso para que su labor funcione mejor.

“Me reafirmo que la democracia funciona cuando sus poderes pueden regularse mutuamente (...). Si esto va a servir para que la justicia en el Perú sea más ágil, pues bienvenido”, indicó Bartra.

Su colega y vocero alterno de Fuerza Popular, Héctor Becerril, señaló que se ha comprobado que la denuncia que presentó su bancada contra Pablo Sánchez tiene total asidero.

“No puede ser posible que haya esta denuncia constitucional para que el Ministerio Público recién actúe; lamentablemente esa es la justicia que hay en el país”, indicó.

En tanto, la fujimorista Lourdes Alcorta comentó que Pablo Sánchez recién ha reaccionado contra las consorciadas por la presión que hay desde el Congreso.

“Es nuestro papel fiscalizar y dicen que se les deben trabajar a las instituciones (...). Es lamentable ver a un constructor como Graña que tenga un pedido de prisión preventiva”, destacó.

Por su parte, el legislador del Frente Amplio y vicepresidente de la Comisión “Lava Jato”, Jorge Castro, sostuvo que lamentablemente ha pasado más de un año para que recién la Fiscalía tome cartas en el asunto.

“Es evidente que hay una lentitud en el Ministerio Público y que hasta ahora no se han tomado acciones fuertes, salvo está prisión preventiva contra las consorciadas, que reflejan un trabajo contra la corrupción, pero que recién empieza”, señaló.

Desde el Apra, el legislador Javier Velásquez Quesquén señaló que la actuación de la Fiscalía es tardía, ya que contaban con la declaración de Jorge Barata, representante de Odebrecht en el Perú, desde hace 10 eses.

“Se ve que una cosa es serlo y otra parecerlo. Es evidente que es una reacción ante una actitud que ha tenido el Parlamento sobre los magistrados; todo hace presumir eso, sino no pasaba nada”, indicó.

Velásquez Quesquén precisó que la presión que ha ejercido el Congreso no debe permitir que exista una suplantación de algo para demostrar un trabajo de la Fiscalía. “Son investigaciones que deben ser parciales e independientes; no hay poderes absolutos”, dijo.

Acotó que el Ministerio Público está enmendando sus errores y la decisión del juez el domingo, sobre las empresas consorciadas, debe ser independiente lejos de que los políticos se metan.