Los recientes atentados perpetrados en San Juan de Lurigancho (SJL) han puesto en la agenda -finalmente- del Ejecutivo y del Legislativo la necesidad de combatir la inseguridad ciudadana, uno de los principales problemas del Perú.

En ese contexto, Correo revisó cuáles son las regiones más asediadas por los delitos contra la vida, el cuerpo y la salud, contra la libertad, el patrimonio, la fe pública, la seguridad pública y otros.

De acuerdo con información de la Policía Nacional del Perú (PNP) son al menos ocho las regiones que han recibido más de cinco mil denuncias en el primer trimestre del año: Lima (53,668), Lambayeque (10,737), Arequipa (9655), La Libertad (9391), Junín (7131), Callao (5661), Piura (5597) e Ica (5567). Sin embargo, hay regiones muy cerca a ese pico tales como Cusco (4955), Cajamarca (4524), Áncash (4373), entre otros (ver infografía).

EN PELIGRO

Solo en los primeros tres meses del 2023, la PNP recibió 33,214 denuncias en enero, 51,676 en febrero y 58,113 en marzo. Es decir, que en solo 90 días han recibido 143,003 denuncias. El espectro podría ser mayor si se considera que hay muchas personas que prefieren no denunciar los delitos por temor.

Por otro lado, al revisar las cifras de Lima Metropolitana tenemos que en el primer trimestre del 2023, SJL es el distrito que más denuncias ha presentada por robo con 1617, seguido de San Martín de Porres (1264), Lima (1100), Villa El Salvador (856) y el Callao (816).

Mientras que en las denuncias por homicidio, Callao lidera el ranking con 57 denuncias, seguido de SJL con 52, Comas con 35, Villa María del Triunfo 31 y Ate con 30.

Otro dato no menor está relacionado a las denuncias por extorsión que recibió la Policía entre enero y agosto de 2023, las cuales distan bastante de las recibidas en los últimos años.

Por ejemplo, en el 2019 se recibieron 3815 denuncias, en 2020 fueron 2732 y en 2021 un total de 4416. Sin embargo, en el 2022 el número se triplicó y ascendió a 15,634. En tanto, solo en los primeros ocho meses del año las denuncias presentadas ante la PNP son 13,189, es decir, que para cuando el año haya terminado la cifra podría ser mayor en comparación a los años anteriores.

Cabe precisar que las denuncias por el delito de extorsión se presenta en diferentes modalidades: Gota a gota, gota a gota virtual, chalequeo, contrato para matar, el escopetazo, rescate de vehículos y el cobro de cupos.

La información fue ofrecida por el ministro del Interior, Vicente Romero, durante su presentación ante el Congreso.

PLAN

Luego de sostener una reunión con Jesús Maldonado, alcalde de SJL, el premier Alberto Alberto se pronunció sobre la propuesta del Ejecutivo para que las Fuerzas Armadas (FF.AA.) apoyen en las operaciones en contra de la delincuencia.

Al respecto, aseguró que las acciones de las fuerzas militares respetarán los derechos de los ciudadanos, pero sobre todo, garantizarán la integridad y paz.

“Las FF.AA están haciendo un plan estratégico, seguramente ellos se encargarán, son los profesionales que van a cuidar los bienes estratégicos”, afirmó sin ofrecer mayores detalles de la participación exacta que tendrán en las calles.

Respecto a la reunión con la autoridad de SJL, Otárola precisó que se llegó a tres acuerdos: Hacer una fuerza grupal entre el Poder Ejecutivo bajo el liderazgo del alcalde Maldonado para hacer una planificación estratégica, estudiar las necesidades del distrito para mejorar los estándares de protección de la ciudadanía a través del apoyo presupuestal que dará el Ejecutivo hasta fin de año y estudiar las obras en espacios comunes para integrar a los jóvenes como una estrategia de prevención.

“Tengan la plena seguridad de que la decisión de la presidenta Dina Boluarte es encarar el tema de la inseguridad a través de acciones concretas”, agregó.

Además, el jefe del Gabinete Ministerial adelantó a la prensa que se reunirá con alcaldes de otros distritos que también han pedido ser declarados en emergencia, con el objetivo de evaluar la situación de sus jurisdicciones.

Precisamente, los alcaldes cuyos distritos fueron declarados en emergencia se pronunciaron sobre la decisión del Gobierno.

“La situación es dura, no quiero sonar desesperante pero yo recibo las demandas de mis vecinos, el miedo que tienen de salir de caso, por eso tenemos que ser contundentes con nuestro pedido”, declaró Molina, autoridad máxima de SJL.

Por su parte, Hernán Sifuentes, alcalde de San Martín de Porres, consideró que el anuncio del Gobierno debe ir acompañado de resultados.

“Estamos a la espera para ver cuáles son las medidas y el mecanismo para ir midiendo los resultados del estado de emergencia, porque si finalmente el resultado es tenue, si los delitos de sicariato y extorsión continúan, no tendría sentido”, afirmó en canal N.

Mientras que Marlem Mogollón Meca, alcalde de Sullana, dijo que tomaron con mucha alegría la decisión de declaratoria de emergencia de su distrito. Sin embargo, también con mucha seriedad y responsabilidad, porque en su jurisdicción hay un gran número de muertes, homicidios, sicariato, hurto, entre otros.

“Fundamentalmente, los delitos son cometidos con mucha ferocidad. Nos preocupa la presencia de personas extranjeras”, sostuvo.

Por otro lado, las reacciones desde el Congreso no se hicieron esperar.

Para Arturo Alegría (Fuerza Popular), la decisión de que las FF.AA. apoyen en las calles no cambiará la realidad en que viven los peruanos.

“No han tenido una estrategia, una planificación, imagino que todavía no hay un cronograma, qué es lo que quieren hacer. Esta medida responder a una necesidad del Ejecutivo de dar algún tipo de acción frente a la ciudadanía”, indicó.

Por su parte, Roselli Amuruz (Avanza País) consideró que la declaratoria de emergencia no es una solución permanente, sino que solo puede amortizar la problemática.

Desde su punto de vista, el Ejecutivo y el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, deben trabajar de la mano para establecer medidas macro para una solución.

Al cierre de esta edición, la declaratoria de emergencia de los distritos de SJL, San Martín de Porres y Sullana todavía no habían sido publicadas en la edición de El diario El Peruano.

ANÁLISIS

Sobre el anuncio del Gobierno de la presidenta Dina Boluarte para que Fuerzas Armadas (FF.AA.) apoyen en las operaciones en contra de la delincuencia, el exdirector de la PNP, Eduardo Pérez Rocha, advirtió que la cifra sería mínima.

“Si nos ponemos a ver cuántos efectivos militares existen a nivel nacional, hay muy poco, están entre 50 mil y máximo 60 mil efectivos. Yo calculo que de ese total se pueden utilizar dos mil o tres mil a nivel nacional, por eso cuando se habla de estado de emergencia solamente se ha hablado de tres distritos”, indicó.

En diálogo con Correo, Pérez Rocha cuestionó que el Ejecutivo haya anunciado una medida de tal magnitud sin tener con claridad los objetivos.

Desde su punto de vista, la declaratoria de emergencia debe ir de la mano de un plan que establezca cuáles son los porcentajes de delincuencia que se pretenden reducir.

“Es una pena que sea una medida populista. Yo sé que no hay nada planificado, aquí tiene que planificarse, se tiene que tener tres criterios para el plan: Adaptable, practicable y aceptable”, afirmó.