Andrea Pereyra

En una manifestación pacífica frente al Congreso de la República, pescadores artesanales, comerciantes y transportistas afectados por el derrame de petróleo ocurrido hace dos años en las costas de Ventanilla exigieron la intervención del Parlamento para atender sus demandas.

Más de setenta organizaciones, representando a alrededor de cuarenta mil personas, se han visto perjudicadas por el desastre ambiental, según indicó Luis Barroso, uno de los representantes de la protesta en diálogo con Canal N.

A pesar de las promesas de compensación, solo diez mil trescientas personas han recibido un apoyo parcial, dejando a veintiocho mil sin ningún tipo de asistencia.

Los manifestantes expresaron su frustración por la falta de acción del gobierno y la burocracia que ha impedido una solución justa y oportuna.

Repsol, la empresa responsable del derrame, se comprometió a indemnizar a los afectados. Sin embargo, según Barroso, “ha habido más trabas que soluciones”.

Los congresistas Ruth Luque y Jaime Quito mostraron su respaldo a los pescadores y están mediando para facilitar un diálogo directo con Gustavo Adrianzén, presidente del Consejo de Ministros.

El parlamentario Quito criticó la burocracia de la empresa Repsol y la falta de acción efectiva por parte del Estado, que debería estar asegurando los derechos de los afectados.

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