Escrito por Gabriel Mazzei y Janet Leiva

La emergencia por el embate del coronavirus ha desnudado las falencias del sistema penitenciario, que en medio de la presente crisis sanitaria enfrenta el reclamo de los internos por mejores condiciones carcelarias y de salubridad.

Ayer, el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) informó sobre la muerte de nueve internos del penal Miguel Castro Castro, ubicado en San Juan de Lurigancho, tras el debelamiento de un motín por parte de los reclusos que reclamaban medicamentos y pruebas de descarte del COVID-19.

A través de un comunicado, el INPE informó que los internos fueron identificados como Henry Silva Ramírez (homicidio calificado), Jorge Tirado Travel (robo agravado), Álex Villegas Villena (homicidio calificado), Mario Coronado Ortiz (violación sexual), Juan Carlos Camacho (robo agravado), Héctor Palomino Alfaro (robo agravado), Elías Lazo Huaylino (tráfico de drogas), Jaime Tasayco Canela (feminicidio) y Efraín Ticlla Huachaca (robo agravado).

Este trágico desenlace se produjo tras la intervención de agentes penitenciarios y 200 policías en el penal, que concluyó a las 4 y 45 de la tarde del último lunes, retomando el control y procediendo al encierro de los internos en sus celdas.

De acuerdo al INPE, los presos protagonizaron actos de violencia con armas punzocortantes y objetos contundentes, quemando colchones y destruyendo la infraestructura de los pabellones. También resultaron heridos dos internos, 60 agentes penitenciarios y cinco policías.

HISTORIA. Cuando el Ministerio de Justicia y el INPE anunciaron el pasado 6 de marzo el establecimiento de un anillo de seguridad, el cual consistía en prohibir las visitas en los diferentes penales del país, se pensó que ello podría ayudar a reducir la posibilidad de una propagación del COVID-19 en los centros penitenciarios.

Pero todo indica que la medida falló, y producto de la presión de los internos, las autoridades penitenciarias sucumbieron en su tarea. Continuó ingresando productos para los economatos (tiendas y restaurantes sostenidas por trabajadores a precios económicos dentro de los penales) y se flexibilizaron las medidas de bioseguridad.

Este desborde dio paso al rompimiento del cerco generando un alto índice de contaminación, como sucedió en el penal Sarita Colonia del Callao, donde a la fecha se estima que existen 30 agentes y 450 internos contagiados, cifra reconocida por el ministro de Justicia, Fernando Castañeda.

Otra fuente posible de contagio del coronavirus tiene que ver con el deficiente manejo sanitario de la carceleta de Lima. En el lugar había internos con síntomas del virus, pero pese a ello fueron trasladados a los penales.

VOZ. Al respecto, Luis Pérez, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores Penitenciarios (Sintrap), negó que hayan sido los agentes penitenciarios quienes ingresaron la pandemia de coronavirus. “Fue la rotura del cerco con el ingreso de paquetes y bolsas, sumado a la falta de decisión política de no ceder al chantaje de la población penal. Pedimos que se les tomen pruebas y que se habilite una torre en la Villa Panamericana para los agentes”, enfatizó.

Al respecto, el jefe del Inpe, Gerson Villar, admitió que “no se cuenta con la capacidad para realizar pruebas de descarte” a toda la población penitenciaria (97,500 internos). “No hay pruebas para todos los internos”, dijo.

Villar explicó que el protocolo consiste en el aislamiento del interno infectado con el suministro de Azitromicina, y si se trata de alguien que tiene su salud en riesgo grave, se le traslada a un hospital.

De otro lado, autoridades penitenciarias confirmaron que Antauro Humala, preso en Ancón I, dio positivo a la prueba molecular de coronavirus a la que se sometió el pasado 24 de abril.

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