Redacción Diario Correo

Brookfield, gestor de fondos de inversión, inició un procedimiento arbitral internacional mediante el cual reclama al Estado peruano una restitución de más de US$2.700 millones por el valor de Rutas de Lima S.A.C.

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La solicitud fue presentada en la víspera ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, en el marco del Tratado de Libre Comercio entre Canadá y Perú, de acuerdo al comunicado emitido por Brookfield,

“Estamos frustrados por el hecho de que la Municipalidad de Lima y otras entidades del Estado peruano hayan tomado nuestra inversión en contra del estado de derecho y la seguridad jurídica, y traten de engañar al público sobre nuestra compañía y nuestra inversión en Rutas”, señala Ben Vaughan, gerente Global de Operaciones del Grupo de Infraestructura de Brookfield.

Ante ello, el ejecutivo aseveró que ahora exigen un trato justo en los términos del tratado. “Estamos confiados en que este proceso arbitral nos permitirá recibir un resarcimiento pleno para Brookfield”, se indica.

Brookfield precisa que esta medida se produce después de años de “acciones arbitrarias” por parte de la Municipalidad de Lima y otras instituciones, como el Tribunal Constitucional (TC) en torno al peaje de Puente Piedra, pues a decir de la accionista “han privado a Rutas de su capacidad para cobrar peajes de uno de los tramos de la concesión”.

El gestor de fondos de inversión asevera que la comuna limeña y otras entidades recientemente han expropiado otro de los tramos concesionados, “valiéndose de una serie de ordenanzas municipales y acciones estatales en contra del marco legal aplicable”.

Como se recuerda, en 2024 la Municipalidad de Lima que dirige Rafael López Aliaga emitió una ordenanza declarando la intervención y emergencia de la autopista Ramiro Prialé. Según dicha norma, Rutas de Lima dejará de estar a cargo de la vía y no podrá cobrar peajes.

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