La Procuraduría ad hoc del caso Lava Jato consideró que la sentencia contra el exgerente de la Municipalidad de Lima, durante la gestión de Susana Villarán, Domingo Arzubialde Elorrieta, fortalece la posición que asumieron por el irregular aumento de los peajes en el proyecto Línea Amarilla.
Al respecto, el procurador ad hoc Jorge Ramírez destacó la condena de la jueza Nayko Coronado quien interpuso la sentencia de cuatro años de pena privativa de libertad suspendida.
“A pesar de que vamos a apelar la sentencia porque no estamos del todo conformes con ella, este fallo de la jueza Nayko Coronado sí reconoce que las gestiones del señor Arzubialde Elorrieta para que se aumente de manera irregular la tarifa de los peajes, contribuyeron a que la empresa Lamsac obtenga una ganancia de S/. 10 millones a costa del perjuicio al Estado y los ciudadanos”, sostuvo.
Responsable
Luego, el defensor del Estado refirió que este argumento respalda el recurso de casación que la Procuraduría ad hoc interpueso ante la Corte Suprema, otra instancia del Poder Judicial, con el objetivo de que Lamsac sea incluida como tercero civilmente responsable en este mismo caso.
Con ello se busca que la empresa, que tuvo una participación activa en los hechos, asuma de manera solidaria el pago de la reparación civil que finalmente se imponga en el referido proceso penal.
Según la acusasión fiscal, Arzubialde Elorrieta aplicó de manera indebida la fórmula contemplada en el contrato de concesión para el reajuste de la tarifa de peaje. Sin embargo, el funcionario municipal aprobó un reajuste con una fórmula distinta, propuesta precisamente por la empresa Lamsac, lo cual permitió que la compañía obtenga mayores ingresos a los permitidos de acuerdo con el contrato: S/. 10 millones.
El procurador Ramírez apelará la sentencia respecto a este extremo, pues sostiene que el perjuicio es inmensamente mayor y debe ser considerado de manera integral.
