Bajo el estigma del terrorismo que enarboló, y del cual nunca se arrepintió, Maritza Garrido Lecca, otrora ama de llaves del cabecilla de Sendero Luminoso, Abimael Guzmán Reynoso, salió esta noche en libertad luego de cumplir la condena de 25 años de prisión que le impusieron sin pagar la reparación civil que le impuso el Poder Judicial.
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“Dentro del penal, su labor fue ser profesora de danzas. Siempre participó en los talleres y se empeñaba en que las internas aprendieran a valorar la danza”, relató la fuente.
Maritza Garrido Lecca salió del penal Ancón 2 aproximadamente a las 9 de la noche, es decir, volvió a pisar las calles de Lima a un día de conmemorarse los 25 años de la caída de Abimael Guzmán.
Su pareja, Carlos Incháustegui, adelantó en una entrevista que la bailarina buscará abrir una escuela de danza, una idea que aseguró no compartir. “¿Quién podría dejar a sus hijos con alguien que fue acusado de terrorista?”, cuestionó.
LOS HECHOS. En 1992, Garrido Lecca y Carlos Incháustegui compartían una casa de tres pisos en la urbanización Los Sauces, en Surquillo. En la primera planta, la bailarina había instalado un taller de danza. Muchas alumnas y amigas la visitaban allí, sin saber que en el segundo piso estaban ocultos Abimael Guzmán y Elena Yparraguirre, ahora su esposa. Eran los tiempos de los coches bomba y del atentado de Tarata.
Entonces, el Grupo Especial de Inteligencia (Gein) siguió durante dos meses a la bella bailarina y el 12 de setiembre de ese año irrumpió en el inmueble, donde detuvo a Guzmán.
Luego de la “captura del siglo”, Garrido Lecca fue condenada a cadena perpetua por un tribunal militar sin rostro y conducida al férreo penal de Yanamayo, en Puno. Sin embargo, en 2002 su sentencia fue anulada y, gracias a un hábeas corpus presentado por su defensa, la Sala Penal para Reos en Cárcel dispuso un nuevo proceso para ella.
NEGÓ A SENDERO. Aunque queda vívido el recuerdo de sus proclamas subversivas tras su captura, Hace doce años, Garrido Lecca afirmó en una entrevista que nunca perteneció a la cúpula de Sendero Luminoso y que tampoco fue miembro de esa organización del terror.
En aquella ocasión, agregó que en el peor de los casos esperaba una condena que le permita reincorporarse a la vida social, a una familia que la esperaba para acogerla y a su trabajo “en el campo del arte”.
INCUMPLIÓ PAGO. Por su parte, el procurador antiterrorismo Milko Ruiz señaló que, pese a obtener la libertad, Maritza Garrido Lecca no cumplió con pagar los 60 mil soles de reparación civil a favor del Estado que le impuso el Poder Judicial.
“Se le ha hecho un registro y no tiene bienes. Esperamos que cuando salga, se dedique a algo y se tomarán acciones. No es impedimento deber una reparación civil; si cumplen su condena, salen”, dijo.
El defensor del Estado añadió que no hay una ley que obligue a tomar medidas ante estas excarcelaciones, pero que la Dirección contra el Terrorismo (Dircote) puede hacerlo si lo considera necesario.
“Se justifican esas acciones. Cuando cumplen condena, salen en libertad, pero dado que son personas que han tenido cargos importantes, entiendo que debe haber alguna medida para cautelar su actuación”, indicó.
cumple requisitos. Por otro lado, trascendió que la senderista cumplió las condiciones para hacer efectiva su salida de prisión luego de la condena de 25 años por el delito de terrorismo. Los requisitos son los siguientes: 1.- La Oficina de Registros de la Región Lima del Inpe corrobora si tiene algún juicio pendiente a nivel nacional. 2.- La verificación por la Oficina de Registros de Lima del Inpe envía el informe al establecimiento penitenciario. 3.- El penal Ancón 2, al corroborar los datos y huellas dactilares, emite la orden de salida. 4.- Maritza Garrido Lecca, al salir, consigna una dirección en la que vivirá.
PREOCUPA. La ministra de Justicia, Marisol Pérez Tello, afirmó ayer que le preocupa la salida de terroristas; sin embargo, señaló que debe cumplirse la ley.
Acerca de la reparación civil que debe abonar la terrorista, la titular de Justicia agregó que se encuentran trabajando para que este vacío legal se declare imprescriptible.
“Estamos trabajando con políticas carcelarias dentro de los penales para que los presos que trabajan vayan depositando mensualmente el 20% de lo que ganan para ir pagando a cuenta su reparación civil. Para el caso de las personas que son liberadas, es persecución por la vía civil, y es lo que están haciendo nuestros procuradores. Otra cosa es plantear la imprescriptibilidad de la reparación civil, porque el Estado podría quedarse sin el pago de las acreencias que les deben personas que han cometido delitos”, añadió.
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