En Venezuela las pruebas para diagnosticar el VIH tienen un costo de entre 30 y 60 salarios mínimos y no se encuentran reactivos en los laboratorios privados, y en el sistema público simplemente no hay. Lo mismo va para antirretrovirales

Natasha Saturno, coordinadora de la Unidad de Exigibilidad de Derechos de la ONG venezolana Acción Solidaria declaró a Agencia Andina sobre la los medicamentos para pacientes VIH en su país.

“Desde el 2009 hay fallas más o menos importantes, pero desde el 2017 empiezan fallas de cinco, seis meses sin tratamiento, y en el 2018 se vuelve más grave. Nosotros reportamos casos de personas con uno y hasta dos años sin recibir el tratamiento”, reveló.

Las personas sin tratamiento han estado buscando apoyo humanitario por diferentes canales, pero el tratamiento interrumpido conseguido ya sea de fundaciones o donaciones genera resistencia, y es algo que miles ni siquiera tienen. Lo que les queda es emigrar para no morir. 

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Ciertos venezolanos con VIH mediante un contacto, acuden al Hospital Cayetano Heredia. Si bien el Estado peruano garantiza el tratamiento de las personas con VIH, al margen de su nacionalidad o de estar aseguradas o no, las personas que no tienen un seguro deben costear algunos de los análisis iniciales, obligatorios por protocolo. En algunos casos, los servicios de Asistencia Social pueden evaluar casos extremos y no cobrar. 

Para ello, recurren a la urbanización Habich, en San Martín de Porres, donde se encuentra la Fundación Givar,  que incluye a varias ONG como Sí, da vida.

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“En Perú el tratamiento está garantizado y es público, muy poca gente accede a lo privado porque es costoso. Con todas sus limitaciones, el sistema de salud de Perú es abierto y es uno de los pocos países de la región que está recibiendo a la gente. Argentina y Brasil son también sistemas abiertos, pero más caros para llegar. Colombia no lo es tanto”, señaló el investigador de la Universidad Cayetano Heredia Alfonso Silva-Santisteban Portella. 

El investigador enfatizó que se trata de una migración forzosa de personas que mayormente atraviesan una condición de precariedad en general: no tienen soporte familiar cercano, vienen con poco dinero (y generalmente, por vía terrestre) y, al llegar, no encuentran trabajos adecuados. El 30% está desempleado y el 45% gana menos del salario mínimo, según datos de la Organización Internacional para Migrantes.

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“Y si a eso se le suma el VIH, hablamos de una situación crítica”, aseveró.

Más datos-El Carnet de Extranjería permite tramitar el Seguro Integral de Salud (SIS), que brinda una cobertura de salud más amplia y gratuita; y evita el gasto inicial de 200 a 300 soles que se necesita para costear algunas pruebas requeridas para comenzar a recibir los antirretrovirales en Perú. 

-Según Carlos Benites Villafane, coordinador de la Estrategia Sanitaria de Control y Prevención del VIH del Ministerio de Salud peruano, son 1,509 los ciudadanos venezolanos que reciben tratamiento antirretroviral en Perú, con datos actualizados a febrero del 2019. El 80% de ese total (1,357), vive en Lima y Callao.

-Marlon Castillo, coordinador de Givar, condena los “fake news” sobre la supuesta llegada de decenas de miles de venezolanos con VIH a Perú: “No podemos ser tan alarmistas porque eso trae una carga xenófoba contra los venezolanos. No son muchos pero necesitan el tratamiento y en Perú se les puede brindar. Necesitan ayuda”.