Por el presunto delito de negociación incompatible en proyecto para construir un mercado mayorista en el terreno del ex fundo Chololo fueron denunciados el gobernador de Tacna Luis Torres Robledo, el alcalde provincial de Tacna Pascual Güisa Bravo y el gerente municipal Jonatan Ríos Morales.

La denuncia fue formulada por el coordinador regional de la Procuraduría Pública Anticorrupción de Tacna Reynaldo Cuayla Mamani ante la Fiscalía especializada en delitos de corrupción de funcionarios.

El letrado señaló que la denuncia se basa en la información y la documentación que han podido recabar, entre ellas el informe 171-2026 de la procuradora municipal, Sandra Alarcón Varilias.

Hipótesis de interés indebido

“Hemos partido bajo la hipótesis de que hay un interés indebido, en este caso de favorecer a terceros y serían el consorcio San Pedro (…) en la investigación se esclarecerá si hay participación o no de otras personas no señalados en la denuncia y si hay más tipos penales”, declaró.

El pasado 2 de julio el concejo municipal aprobó que se construya el mercado mayorista San Pedro mediante la modalidad de “proyecto por activos”. De acuerdo a la propuesta, un privado financiará la obra de 29 millones de dólares a cambio de una concesión de 30 años luego de la cual el mercado volverá a ser administrado por la municipalidad.

Un grupo de comerciantes liderados por Alex Quinto Cerrón se oponen al proyecto bajo esta modalidad señalando que se está direccionando a favor del Consorcio San Pedro, encabezado por la comerciante Teresa Quispe Ccama.

“Procedimiento fue impecable”

Enterado de la denuncia el gerente municipal de la comuna provincial de Tacna Jonatan Ríos Morales aseguró que han sido bastante profesionales e impecables en el procedimiento llevado adelante y que el procurador primero debió consultar al Ministerio de Economía y Finanzas y a su organismo Proinversión sobre si se ha cumplido o no la normativa.

“La Fiscalía va a tener que evaluar los hechos o indicios, nos preocupa que ante la presión de un medio y sin leer la información que le ha alcanzado la procuradora municipal se haya formulado la denuncia”, enfatizó.

Recalcó que la acusación no tiene ni pies ni cabeza porque nisiqiera se ha adjudicado el proyecto o el terreno y que en estos 60 días luego de publicado el precontrato pueden presentarse un tercero, cuarto, quinto y más propuestas de privados en ejecutar el proyecto.

Remarcó que el procurador no habría leído el Informe 171-2026 de la procuradora que en ninguna parte advierte la comisión de irregularidades ni constituye una denuncia penal.