La ciudad de Nasca, reconocida mundialmente por sus enigmáticas Líneas de Nasca, enfrenta una situación crítica: la falta de oportunidades para que sus habitantes accedan a viviendas dignas. Este problema, arraigado desde hace décadas, se debe en gran medida a la protección de la zona conocida como la Poligonal, impuesta por el Ministerio de Cultura. Aunque esta medida busca salvaguardar el patrimonio arqueológico de la región, los nazqueños aseguran que se priorizan los intereses de empresas mineras y agrícolas por encima de las necesidades de la población local.

Desigualdad urbana

Un caso representativo de esta problemática se vive en Taruga, a 14 kilómetros del distrito de Vista Alegre. Aquí, las familias llevan años solicitando terrenos para construir viviendas, sin éxito. Romelia Falcón, residente de la zona, narra que convive con sus hijos adultos bajo el mismo techo, sin posibilidad de expandirse. “Nosotros no podemos construir porque el Ministerio de Cultura nos lo impide, pero a las empresas mineras sí les facilitan carreteras y permisos”, reclama con indignación para el medio de comunicación local 2BM tv.

El dirigente de la Asociación de Taruga, Juan Alcázar Aguilar, menciona que hace más de seis meses solicitaron la opinión técnica del Ministerio de Cultura para habilitar 40 hectáreas como zona de expansión urbana. Sin embargo, esta respuesta aún no llega. “Parece que a ellos les importa más el dinero que las necesidades del pueblo. Nosotros queremos formalidad, no invasiones, pero no nos escuchan”, señaló Alcázar.

Otro ejemplo similar ocurre en las pampas de Pajonal, donde Ronaldo Navarrete, presidente de la Asociación de Criadores Menores Nazca Lines, solicitó 14 hectáreas para un proyecto de crianza de aves y cuyes que podría ser financiado por el programa estatal Procompite. “Tenemos todo listo, pero el Ministerio de Cultura no nos da una resolución técnica para avanzar”, asegura Navarrete, quien denuncia que los retrasos han paralizado su proyecto desde mayo.

Johnny Isla, responsable de la oficina local del ministerio, se negó a declarar para el medio de comunicación, argumentando que debía esperar autorización de la Dirección Desconcentrada de Ica. A pesar de la reciente Resolución Viceministerial 77-2024, que busca facilitar el saneamiento patrimonial de terrenos sin valor arqueológico, los pobladores sostienen que esta normativa no se está aplicando correctamente.

Los alcaldes locales, tanto distritales como provinciales, han manifestado la falta de coordinación y agilidad en el proceso. El alcalde provincial, Jorge Bravo, afirmó que el principal obstáculo sigue siendo la ausencia de opiniones técnicas del ministerio, necesarias para cualquier proyecto. Mientras tanto, las familias siguen viviendo en condiciones de hacinamiento y sin perspectivas de mejora.

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