​Sentencian a expresidente regional y exconsejeros 

Acordaron efectuar pago a docentes en huelga, pese a prohibición del Minedu
​Sentencian a expresidente regional y exconsejeros 

​Sentencian a expresidente regional y exconsejeros 

17 de Julio del 2017 - 11:01 » Textos: Lucía Cruz » Fotos: Lucía Cruz

El Juzgado Penal Liquidador de la Corte Superior de Justicia de Pasco, sentenció a cuatro años de pena privativa de la libertad suspendida por dos años, al expresidente del Gobierno Regional de Pasco, Félix Rivera Serrano, a los consejeros regionales: Juan Medina Robles, Olinda Cruz Rivera, Doris Vivar Justiniano, Héctor Lázaro Samani, César Verastegui Mendoza, Jarumi Morales Lovatón, Milton Trigos Salazar, y al exgerente de desarrollo social Freddy Raraz Rivera, como autores del delito contra la administración pública (delitos cometidos por particulares), en su modalidad de usurpación de funciones, en agravio del Estado – Ministerio de Educación.

9 mil soles por concepto de reparación civil, que los condenados deberá abonar de forma solidaria

Asimismo, se les inhabilitó por dos años para obtener mandato, cargo, empleo o comisión de carácter público, y ordenó el pago de 9 mil soles por concepto de reparación civil.

SENTENCIA. Según el Ministerio Público, en julio del 2007, el Ministerio de Educación, declaró ilegal la huelga indefinida de los docentes en la Región Pasco y dispus el descuento efectivo en las planillas del personal por los días no laborados. Los hoy sentenciados, desobedecieron las disposiciones y usurpando funciones, en sesión extraordinaria, por unanimidad acordaron solidarizarse con el magisterio nacional en huelga y disponer que la parte ejecutiva del Gobierno Regional Pasco declare la legalidad de la huelga de los maestros de Pasco, y garantizar sus remuneraciones del mes de julio. El expresidente, Félix Rivera Serrano, solicitó a la Dirección Regional de Educación hacer efectivo el pago íntegro del mes de julio de los docentes que se encontraban en huelga, contraviniendo las leyes.

Luego de analizar el dictamen fiscal, las declaraciones de cada uno de los investigados y valorando las pruebas actuadas, el magistrado, Álvaro Arrunátegui Chávez, les impuso cuatro años de pena privativa de la libertad, suspendida por el periodo de dos años.