El órgano de control detectó que en las municipalidades de Lalaquiz, Máncora y Yamango se incluyó a fallecidos. (Foto: Contraloría)
El órgano de control detectó que en las municipalidades de Lalaquiz, Máncora y Yamango se incluyó a fallecidos. (Foto: Contraloría)

La Contraloría General de la República detectó presuntas irregularidades en la distribución de canastas básicas para familias vulnerables en el marco del estado de emergencia por la COVID-19, en las municipalidades distritales de Máncora (Talara), Lalaquiz (Huancabamba) y Yamango (Morropón). Al parecer, incluyeron como beneficiarios de los víveres de primera necesidad a personas que habían fallecido.

De acuerdo al informe de oficio posterior N° 3613-2021-CG/SADEN-AOP, realizado del 28 de marzo del 2020 al 8 de febrero del 2021, el órgano de control detectó que la municipalidad de Lalaquiz incluyó como beneficiarios a tres personas fallecidas, dos mujeres y un varón, cuyos certificados de defunción son del 2007, 2015 y 2017; atentando de esta manera con el destino y uso de los recursos asignados para la población vulnerable afectada por la pandemia.

“Como resultado de la revisión efectuada a la información de los beneficiarios de Canastas Básicas Familiares registrada por la Municipalidad Distrital de Lalaquiz en la Plataforma CGR, se evidenció que en el documento denominado Distribución de canasta básica familiar, se ha consignado los datos de personas fallecidas, en señal de conformidad de la entrega”, detalla el informe.

Del mismo modo, mediante los informes N° 3614-2021-CG/SADEN-AOP y N° 3615-2021-CG/SADEN-AOP, realizados a la municipalidad de Máncora y Yamango, respectivamente, la Contraloría detectó que en el padrón de beneficiarios de cada comuna se consignó a una persona fallecida en el 2017 y 2012.

Ante los presuntos indicios de irregularidades, la Contraloría otorgó a cada uno de los tres municipios la facultad para el inicio de las acciones que correspondan; además de comunicar a cada Órgano de Control Institucional de las Municipalidades Provinciales a los que corresponde cada comuna distrital, las acciones a implementar en un plazo no mayor a 20 días.

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