Alcaldes precandidatos tienen cuentas pendientes con la justicia

El titular de comuna de Frías tiene condena de juzgado y su suerte será definida por la Sala de Apelaciones. Está dilatándose la audiencia en el caso Marchena y Juan Manuel García espera nuevo juicio
Alcaldes precandidatos tienen cuentas pendientes con la justicia

Alcaldes precandidatos tienen cuentas pendientes con la justicia

17 de Abril del 2018 - 09:50 » Textos: José Martínez » Fotos: Correo

Varias autoridades municipales quieren continuar en esa condición, por lo cual pretenden postular a algunas alcaldías distintas a aquellas que hoy ocupan, no obstante que tienen en curso investigaciones en diferentes etapas a nivel del Ministerio Público o Poder Judicial.

En esta situación se encuentran los alcaldes de Frías, Manuel Elera García, que pretende llegar a la municipalidad de Ayabaca; el alcalde de Ayabaca, Humberto Marchena Villegas, que tiene la intención de retornar al distrito Lagunas, de donde es natural y donde empezó sus gestiones como burgomaestre.

Además, está el repuesto alcalde de Pacaipampa, Juan Manuel García Carhuapoma, que también pretende la alcaldía de Ayabaca.

Y eventualmente el alcalde de Castilla, Luis Ramírez Ramírez, que aspira a la Municipalidad Provincial de Piura, y ha sido citado para una audiencia de control de acusación.

CASO DE FRÍAS. El alcalde Manuel Elera García, que es precandidato a la Municipalidad Provincial de Ayabaca por el movimiento regional Modelo, registra una sentencia en primera instancia.

El motivo: el pago de un adelanto al consorcio Revisol, que tenía a cargo la obra “Mejoramiento y ampliación de la carretera Meseta Andina, tramo Frías - Pechuquiz”, sin que se verificara la autenticidad de las cartas fianzas que la empresa presentó.

En enero de este año, el juez Ricardo Ipenza, del Primer Juzgado Unipersonal de Chulucanas, condenó a cuatro años de pena privativa de la libertad suspendida, con un periodo de prueba de tres años, a Elera García por el delito de colusión desleal.

Pero, además dispuso la inhabilitación del mencionado por el plazo que dure su condena, una vez que quede firme y consentida.

Junto con Elera también fueron sancionados con la misma pena Celer Bertony Castro Villalobos, Luis Enrique Juárez Juárez y Jorge Luis Chumacero Ruiz.

Además, Andy José Rivera Sagástegui, representante de la contratista, a cinco años de cárcel efectiva y se dispuso su ubicación y captura para su internamiento en el penal Río Seco.

En su momento, Manuel Elera García y su abogado aseguraron que la autoridad edil no incurrió en el delito de colusión, pues fue quien denunció al contratista Andy Rivera, al detectar que la documentación (cartas fianzas), presentadas por la empresa, eran falsas.

EN SALA PENAL. El expediente 4924 - 2011 ya ha pasado a la Tercera Sala Penal de Apelaciones de Piura, que conforman los jueces superiores Andrés Villalta Pulache, Marco Guerrero Castillo y el juramentado ayer Edwin Culquicondor Bardales.

Esta instancia debe fijar fecha para la vista de la causa, a la que seguirá la sentencia, en que puede ratificar la condena del juzgado, revocarla o anularla, disponiendo nuevo juicio.

DILACIÓN EN CASO MARCHENA. Desde junio del año pasado hasta ahora no se puede realizar la audiencia de control de acusación en el caso seguido al alcalde de Ayabaca, Humberto Marchena Villegas, y exfuncionarios de su gestión, por presuntamente favorecer a su concuñada en la contratación de 13 servicios de compra de materiales para la municipalidad provincial.

La investigación versa sobre los presuntos delitos de colusión y negociación incompatible y en la audiencia de control de acusación el juzgado deberá determinar si la causa contra Marchena, que pretende postular a la alcaldía de Lagunas en las elecciones del próximo 7 de octubre, pasa a juicio oral o se archiva.

La diligencia se ha venido frustrando en el Segundo Juzgado Anticorrupción de Sullana y la última vez fue reprogramada para este viernes 20 de abril.

En una de las ocasiones, la audiencia se frustró por la inasistencia del abogado de Maximina Granadino Cunya, concuñada del actual alcalde provincial.

La Fiscalía Anticorrupción de Sullana ha solicitado 12 años de cárcel para Marchena y seis coimputados, que integraron el comité de licitaciones; 9 años para otro funcionario y 24 años de cárcel para Maximina Granadino.

Según la acusación fiscal, basada en un informe de Contraloría General de la República, Marchena favoreció irregularmente a la proveedora entre el 2011 y el 2013.

CASO DE PACAIPAMPA. Juan Manuel García Carhuapoma ha recibido nuevamente las credenciales de alcalde de Pacaipampa (Ayabaca), después que la Segunda Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia de la República, con fecha 27 de diciembre del 2017, anulara la sentencia que lo condenaba a año y medio de cárcel efectiva por delito de malversación de fondos.

Los jueces supremos César Hinostroza Pariachi, Figueroa Navarro, ponente, Pacheco Huancas, Cevallos Vegas y Chávez Mella dejaron sin efecto la sentencia del Juzgado de Chulucanas, que también lo había inhabilitado para ejercer cargo público, y dispusieron nuevo juicio oral por otro juez, basándose en que no hubo pericia, para determinar el perjuicio producido.

Además, García Carhuapoma presentó una pericia de parte, elaborada por Pedro Nolasco Baique Camacho, que observa lo alegado por Contraloría, en tanto no precisa de qué fuente de financiamiento se han girado los comprobantes de pago, que supuestamente se malversaron.

Según la tesis fiscal, entre los años 2007 y 2010, durante su segundo periodo edil, García Carhuapoma utilizó recursos del canon y Foncomun, destinados para inversión pública y funcionamiento de la municipalidad, para el pago del servicio de energía eléctrica de la población.

El alcalde de Pacaipampa también tiene una investigación por supuestas irregularidades en la ejecución de la obra de alcantarillado de Pacaipampa.

Y más delicada, otra por supuesto lavado de activos, que está a cargo de la Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada.

Según presume el Ministerio Público, García habría adquirido a través de terceros, vehículos, inmuebles y negocios, con dinero supuestamente de actos de corrupción.

En su momento, Juan Manuel García Carhuapoma rechazó todas las acusaciones y alegó que se trataba de una campaña política, con el fin de desprestigiarlo. También alegó que los denunciantes no viven en el distrito Pacaipampa y estaban dirigidos por los grupos que perdieron las elecciones.

USURPACIÓN DE FUNCIONES. Aunque el alcalde de Castilla, Luis Alberto Ramírez Ramírez, que pretende postular a la Municipalidad Provincial de Piura, alega que ya ha superado las denuncias que han formulado en su contra, se conoció que el mencionado ha sido citado para una diligencia en el Poder Judicial, junto con exfuncionarios de su gestión edil.

La investigación está referida al presunto delito de usurpación en agravio de la empresa procesadora de pota CNC SAC.

El Segundo Juzgado Unipersonal de Piura, que ventila el caso 3490 - 2015, ha citado a juicio oral para el 15 de mayo de 2018, a las 10:30 de la mañana.

Para ello, ha emplazado a Alfredo Valdiviezo Valdiviezo, Rosa Alicia Mendoza Crespo, Carlos Gómez Merino, Luis Alberto Ramírez Ramírez, bajo apercibimiento de ser declarados “reos contumaces” o ausentes y ordenar su conducción compulsiva.

La diligencia ha venido posponiéndose sucesivamente, al punto que han existido reprogramaciones desde junio del año pasado.

De acuerdo a la versión de los representantes de la empresa denunciante, la revocatoria de licencia se concretó antes de que se venciera el plazo para subsanar las observaciones, que había concedido la oficina de Defensa Civil de la municipalidad de Castilla.

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