Anticorrupción investigará el presunto tráfico de terrenos

Sunarp Inmatriculó 3,800 hectáreas de terrenos eriazos, no catastrados y que están en litigio
Anticorrupción investigará el presunto tráfico de terrenos

Anticorrupción investigará el presunto tráfico de terrenos

18 de Diciembre del 2017 - 11:05 » Textos: Cinthia Cherres » Fotos: Correo

La Oficina Regional Anticorrupción y la Comisión de Fiscalización del Consejo Regional de Piura investigarán el presunto tráfico de terrenos del Estado, tomando como base el procedimiento que siguió Sunarp para inmatricular 3,800 hectáreas de terrenos eriazos, no catastradas y en litigio del sector La Huaca, en Paita, a favor de una sociedad conyugal, la cual habría utilizado certificados de actividad agraria con información presuntamente falsa.

CUESTIONADO

La sociedad conyugal conformada por Omar Armestar Prieto y Rosa Liria Camacho habría logrado la inmatriculación de las 3,800 hectáreas de terreno utilizando dos certificados de actividad agraria emitidos por la Agencia Agraria Chira y una escritura pública imperfecta otorgada por el juez de paz de Primera Nominación de La Huaca.

Sin embargo, de acuerdo al director regional de Agricultura de Piura, Mario Laberry, dichos certificados otorgados por la Agencia Agraria Chira se han emitido de manera irregular porque la institución no puede intervenir sobre dicho terreno pues afronta dos procesos judiciales: uno seguido por la Asociación Agropecuaria La Esperanza La Huaca contra el Estado, y otro sobre una prescripción adquisitiva de dominio.

Incluso, la Gerencia Regional de Saneamiento Físico Legal de la Propiedad Rural y Estatal (Pro Rural) ha señalado que la Sunarp debió notificarlos como ente encargado del saneamiento físico legal de predios, antes de proceder a la inmatriculación, y no después.

Por ello, la Oficina Regional Anticorrupción solicitará a la Secretaría Técnica de la Dirección Regional de Agricultura el informe de los procedimientos administrativos contra los funcionarios y servidores que emitieron los certificados con información presuntamente falsa, para conocer el avance de los procesos.

“Es raro lo de Agricultura en cuanto a que parece que han tratado de ocultar algo y eso no debería ser así porque es un caso grave. Estamos solicitando el informe a la Secretaría Técnica de la Dirección Regional de Agricultura para que nos informe si ya terminaron los procesos de estas personas o en qué estado se encuentran”, dijo el secretario técnico, Jaime Távara.

El funcionario agregó que también solicitarán, a través de la Procuraduría, que se interpongan las denuncias contra los responsables de las agencias agrarias que han emitido dichos certificados.

“Hay varios delitos. El primero tiene que ver en que si la atribución le compete a Pro Rural y no a Agricultura, entonces está el delito de usurpación de funciones; también habría omisión de actos funcionales, colusión porque de hecho se han puesto de acuerdo los directores de estas agencias agrarias y las personas a las cuales les han dado certificados”, indicó Jaime Távara.

Asimismo, convocarán a una reunión a la gerente de Pro Rural, Olga Trelles, al director regional de Agricultura, Mario Laberry, y al jefe zonal de Sunarp, Luis Fajardo, para determinar el procedimiento que se debe seguir en los casos de inmatriculación de predios.

“O sea que Registros Públicos no puede articular o coordinar con las instituciones, es lo mínimo que debería hacer y si no existe el procedimiento se debería implementar. Sunarp tiene que ayudar porque el tráfico de terrenos va a aumentar. Todos somos Estado y la ley del Sistema Nacional de Bienes Estatales señala que es deber de todas las instituciones velar por el buen uso de bienes muebles e inmuebles”, mencionó Távara.

CONGELADO

En tanto, el jefe zonal de la Sunarp, Luis Fajardo, ha señalado que los registradores solo evalúan documentos y que no pueden cuestionar su procedencia legítima.

Sin embargo, en este caso, han oficiado al presidente de la Corte Superior de Justicia de Piura para determinar si el juez de paz que emitió la escritura pública imperfecta estaba destinado en esa época, y a la Agencia Agraria Chira para validar y subsanar observaciones en los certificados de actividad agraria emitidos.

“No hay irregularidad porque se han oficiado a las autoridades, los registradores toman la decisión, y si un usuario decidiera quejar al registrador no tendría la responsabilidad porque no tenemos la obligación. Hay que tener en cuenta que un funcionario que tiene competencia y emite un documento, entonces nosotros aplicamos la presunción de validez. Ahora, si dentro del desarrollo administrativo cometió errores, eso depende de control interno de esa institución y de la Contraloría”, señaló.

El funcionario agregó que “no podemos cuestionar un procedimiento administrativo porque es ley, así este mal. No puede ser que el Estado le cuestione o le observe al mismo Estado. En este caso la inscripción sigue”.

Por su parte, el jefe encargado de unidad registral, Gustavo Palacios Novoa, señaló que para evitar que la sociedad conyugal que inmatriculó las 3,800 hectáreas de terreno venda el predio a un tercero, la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN) debe solicitar una medida cautelar.

“El Código Procesal Civil establece herramientas como las medidas cautelares. Este título está como pendiente, si la SBN cree tener la razón tiene derecho a apelar en segunda instancia, en este caso, el tribunal registral. Habrá que ver qué otros títulos están pendientes sobre este determinado terreno”, dijo.