Anticorrupción pide la salida del comité especial del Gobierno Regional de Piura

Tras las observaciones de la Contraloría General de la República al proceso de licitación de las obras de rehabilitación de diques y la descolmatación de los drenes Sechura y 1308, la Secretaría Técnica Anticorrupción recomendó la separación del presidente y los miembros del comité especial de licitaciones de la sede central del Gobierno Regional de Piura.

El secretario técnico, Jaime Távara, explicó que el comité debió ser renovado desde que empezaron los cuestionamientos en el proceso de licitación, pues no garantizaba transparencia.

“La recomendación fue acompañar el proceso de licitación desde la formulación de términos de referencia y elaboración de bases para poder allí advertir riesgos, pero el comité decidió continuar sin las veedurías”, dijo.

Ahora, la secretaría técnica ha solicitado copia fedateada de los informes de control que ha realizado la Oficina Regional de Control Institucional (ORCI) para contrastar y corroborar si en las propuestas que presentaron las contratistas Rodema y Quiroz —quienes ganaron tres de las cuatro obras de rehabilitación por un monto de S/18 millones— existe información inexacta o falseada.

“Si se comprueba que han entregado información falsa o inexacta procedería de oficio la nulidad del proceso. Como secretaría vamos a cruzar la información para verificar que lo presentado por las contratistas es verídico”, indicó.

OBSERVACIONES

De acuerdo al informe de control N°039 realizado al procedimiento de selección de contratación de la elaboración del expediente técnico y ejecución del proyecto “Rehabilitación-descolmatación del dren Sechura”, el consorcio Río Piura, integrado por Constructora y Servicios Rodema E.I.R.L. y Julio César Quiroz Ayasta, no sustentó la experiencia requerida para la elaboración del expediente técnico ni para la ejecución de la obra.

Uno de los casos sería el del jefe de Estudio, para el cual el consorcio consignó a Fernando Elías Zuloeta como el profesional especialista.

Sin embargo, uno de los certificados que acreditó dicho ingeniero, durante el periodo 24 de abril de 2010 al 16 de noviembre de 2011, no correspondería al plazo de prestación del servicio.

“En el contrato de consultoría que adjunta como sustento indica que el consultor debe entregar el expediente técnico definitivo en un plazo máximo de 60 días calendario, por lo cual, este certificado solo debieron considerar los 60 días que indica el plazo para la ejecución del expediente”, indica el informe.

Asimismo, el especialista en suelos, Julio César Quiroz Ayasta presentó un certificado del periodo 11 de junio de 2013 al 13 de junio 2014 para certificar su experiencia; no obstante, dicha consultoría fue resuelta por el Gobierno Regional de Cajamarca.

Asimismo, el postor incluyó un contrato de dicha institución en el que se consigna como tiempo de prestación 75 días, y otro certificado emitido por el representante legal del consorcio Ingeniería, sin embargo no alcanzó el contrato del proyecto, con lo cual —según Contraloría— no demuestra el tiempo de ejecución que indica el certificado.

RESPONDE

Ante los cuestionamientos, el presidente del comité especial y gerente de Infraestructura del gobierno regional, Martín Saavedra, confirmó en conferencia de prensa que Rodema y Quiroz ganó las tres obras de rehabilitación con la misma maquinaria y los mismos profesionales; sin embargo, aclaró que de acuerdo a ley puede solicitar su reemplazo.

“La misma ley le permite cambiar profesionales. Ella tiene que cumplir en obra con la maquinaria. No podría haber retraso de obra porque se le puede aplicar la penalidad, el riesgo es que no se ejecute”, dijo.

El funcionario agregó que aun se encuentran evaluando si se firma el contrato. Además dijo que los continuos aplazamientos durante el proceso se debió a que tuvieron que levantar las observaciones. “De lo poco que hemos leído definitivamente no se puede detener el proceso, una vez que evaluemos derrepente detectamos que uno de los riesgos advertidos no se puede mitigar... La ley indica que no debe existir ninguna persona que este sentenciada o que haya incurrido en actos de corrupción y esa cláusula está presentada”, dijo.