Anuncio de corte de agua potable de 11 días en Piura podría generar problemas de salud
Anuncio de corte de agua potable de 11 días en Piura podría generar problemas de salud

La oficina de la Defensoría del Pueblo en alertó sobre los graves problemas sanitarios que podrían originarse si se concreta el corte del servicio del agua potable en esta región, el cual fue anunciado por el Proyecto Especial Chira – Piura (PECHP) y se daría en el período del 17 y 28 de diciembre próximo, para ejecutar la obra de reparación de la margen izquierda del canal de derivación Daniel Escobar.

El jefe de esta oficina, César Orrego, precisó que la Dirección Regional de Salud ha corroborado que este posible corte del servicio podría conllevar la proliferación de enfermedades como diarreas, arbovirosis y hepatitis A, así como a la transmisión de gérmenes asociados al Síndrome de Guillain Barré y otras potencialmente graves, poniendo en riesgo la salud de la población.

Debido a esto, en una reunión interinstitucional con representantes de la EPS Grau, la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass) y la Dirección Regional de Salud, la Defensoría del Pueblo planteó garantizar el abastecimiento del recurso mediante el trasvase de agua hasta la planta de tratamiento de Curumuy. Si bien la ejecución de obras de infraestructura para riego hace necesaria la suspensión del servicio de agua, es necesario ponderar estos trabajos con el derecho fundamental al agua de la población, y la continuidad y calidad de los servicios públicos.

“Es nuestro deber como supervisores del Estado y de las empresas prestadoras de servicios públicos, impulsar el compromiso conjunto y urgente del PECHP y la EPS Grau, a fin que los usuarios de los distritos de Piura, Veintiséis de Octubre y Castilla no se vean afectados por la falta de suministro de agua”, precisó Orrego.

Además, informó que ha enviado un documento al PECHP y a la EPS Grau recordándoles que el acceso al servicio de agua potable constituye un derecho humano y fundamental, por lo que es obligación del Estado asegurar que este sea prestado en condiciones que no afecten la salud de la población.