Escrito por Luisa Alatrista 

Lava Jato, el mayor caso de corrupción en la historia del Perú, salpica a una obra emblemática en la región Piura: El Proyecto Especial de Irrigación e Hidroenergético Alto Piura (Peihap).

Por este proyecto, ejecutado inicialmente por la empresa brasileña Camargo Correa, se aperturaron 4 investigaciones fiscales contra los expresidentes regionales César Trelles Lara, Javier Atkins Lerggios y Reynaldo Hilbck.

Aunque tres de estos casos se evalúan en la Fiscalía Anticorrupción en Piura, la procuraduría ad hoc ha pedido que estos pasen a estar a cargo del Equipo Especial Lava Jato, en Lima, mediante la figura de Crimen Organizado y Corrupción de Funcionarios.

En ese escenario, Diario Correo entrevistó al procurador ad hoc Jorge Ramírez Ramírez, para conocer los motivos de su requerimiento en medio de la expectativa de la población por conocer los avances de la investigación.

¿Por qué los casos vinculados al proyecto Alto Piura deben pasar a otra Corte?

En estos casos vinculados al proyecto Alto Piura, se investiga la presunta colusión entre exfuncionarios del gobierno regional y representantes de la constructora Camargo Correa, la cual a su vez está vinculada al gran caso de corrupción transnacional Lava Jato. La experiencia internacional recomienda que este tipo de casos, donde se investigan delitos de gran corrupción, sean vistos por un fuero especial que investigue y juzgue estos procesos en conjunto. En Perú, se ha creado un subsistema especializado que tiene dentro de la Fiscalía al Equipo Especial Lava Jato, y dentro del Poder Judicial a la Corte Superior Nacional Especializada en Crimen Organizado y Corrupción de Funcionarios. Por todo ello, hemos pedido a la fiscal que los 3 casos que están Piura se adecúen a Ley de Crimen Organizado. La fiscal ha aceptado nuestro pedido y ha corrido traslado al Equipo Especial para que evalúe si asume la competencia de los casos.

¿No confía en los jueces de Piura?

El tema no pasa por una desconfianza sobre los jueces y fiscales de Piura. Esto obedece más bien a un análisis legal sobre lo que es más conveniente para el avance de las investigaciones y su juzgamiento, con el fin de evitar la impunidad. Consideramos que al ser casos complejos y con repercusión nacional e internacional, lo más conveniente es que puedan ser investigados y juzgados por órganos de justicia especializados que tengan experiencia en ver casos relacionados a gran corrupción, como los procesos Lava Jato, de acuerdo a lo que recomienda la experiencia internacional.

¿Cuántas personas estarían involucradas?

De los casos que se investigan en Piura, cada uno tiene aproximadamente entre 15 y 22 investigados. Respecto al caso que se encuentra en Lima, este tiene 4 investigados por ahora.

¿De ser condenados, qué penas les correspondería?

Como a estos exfuncionarios se les investiga, en su mayoría, por el delito de colusión, las penas se establecerían entre los 6 y 15 años, de ser encontrados responsables.

PIDEN CELERIDAD En relación con las declaraciones vertidas por el procurador ad hoc, los expresidentes regionales Javier Atkins y Reynaldo Hilbck, investigados en este caso, solicitaron celeridad en el proceso. “Ya han pasado 2 años de investigación (preliminar y preparatoria) y si hubiera habido indicios suficientes para denunciar lo habría hecho el 9 de diciembre que terminaba el plazo”, indicó Reynaldo Hilbk, a quien investigan como expresidente del consejo directivo del Peihap.

“Como investigado pido celeridad y justicia”, afirmó Javier Atkins, quien precisó que el proyecto Alto Piura cuenta con una unidad ejecutora que es la responsable de las decisiones administrativas en torno a la obra.