Cerca de 3 mil padres son procesados por no pasar pensión de alimentos a sus hijos

Rosella Figallo es una madre de familia que tuvo que recurrir a la vía judicial para obligar al padre de su hijo, César Castro Rosales, a que se haga responsable de la pensión alimentaria del menor. Sin embargo, se ha tropezado con la lentitud del proceso judicial, pues su caso ya tiene 11 años y hasta ahora no se resuelve.

Testimonio

Otra joven que ubicó a su expareja en la calle, fue brutalmente golpeada porque no le gustó que le reclame la manutención de su bebé de solo meses de nacido.

Como estos hechos que suceden casi a diario en nuestro país, hay un sinnúmero de casos que tienen como común denominador la omisión a la asistencia familiar (OAF), es decir, de padres que se niegan a pasarle la pensión de alimentos a sus hijos.

Cantidad de casos

En trámite hay 1777 casos y, en calificación, 407. De los resueltos con sentencia hasta la fecha, en lo que va del año, hay 49 y, en ejecución, 203, entre otros.

El año pasado, cerca de 6200 padres fueron procesados por no pagar alimentos. Es decir, la incidencia se mantiene.

Ministerio Público 

El distrito Judicial de Piura es el que marcha adelante con 1700 casos, en tanto el de Sullana tiene alrededor de 600, los cuales aún no se determina si estos casos llegan a juicio o los denunciados se acogen a la terminación anticipada y honran sus deudas.

Carga procesal

“Entre la carga procesal que tenemos los juzgados de investigación preparatoria, el delito de omisión a la asistencia familiar, junto a la violencia familiar, son los que en mayor número ocupan a los órganos jurisdiccionales”, manifestó Daiana Serván Sócola, jueza del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de Piura.

Indicó que la problemática de la omisión a la asistencia ha existido siempre, “lamentablemente no hay una cultura por parte de los padres de familia de cancelar las pensiones alimenticias”.

Señaló que el proceso para este delito tiene su origen en los juzgados de paz letrados que son los que fijan a los padres y, en algunos casos, a la madre, una pensión alimenticia que debe cumplir, pero al no cancelarlo, la única opción que permite la ley es iniciar el proceso penal.

“Entiendo que la carga del Ministerio Público es mayor, aquí hay un primer filtro donde citan al padre de familia y le dan la oportunidad de que cancele el monto que adeuda, más una indemnización, y si el padre cumple estos ya no pasan al Poder Judicial, solo pasan los que el Ministerio Público no logró dicho acuerdo”, apuntó la magistrada.

Cabe señalar que el gobierno intentó acelerar con un proceso inmediato los casos a través de un decreto legislativo, para resolver si el caso va a juzgamiento. “Pero si ingresan un número elevado de expedientes sobre omisión a la asistencia familiar, que se suman a los otros delitos, es imposible que se puedan cumplir los plazos”, dijo Serván Sócola.

Plazos

Por su parte, Gladys Péndola, presidenta de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito Judicial de Sullana, indicó que hay muchos casos que se resuelven con el proceso inmediato. “Antes se hacían acusaciones directas pero ahora también hay el proceso inmediato, aunque hay algunos casos que requieren de una mayor investigación y termina de todas maneras en una acusación directa”, indicó Gladys Péndola.

Indicó que habían programado una reunión con los jueces del distrito judicial para analizar, entre otros temas, los procesos inmediatos para ver los ajustes que se deben hacer y agilizar la carga procesal.

“En investigación no nos estamos demorando porque si ya viene todo con los requisitos y documentación, inmediatamente se va a proceso inmediato, tal como lo señala la norma, pero quienes resuelven los casos para las audiencias son los jueces”, acotó la titular de los fiscales de Sullana.