Con voto dirimente se impuso pena suspendida a exalcaldesa de Castilla

Condenada, pero salvada de la cárcel. Finalmente, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República definió por mayoría la situación legal de la exalcaldesa de Castilla, Violeta Ruesta de Herrera.

El motivo del juicio, que acabó recién en Lima, fueron las irregularidades en la adjudicación de obra de saneamiento para catorce asentamientos del sector noreste de Castilla y el pago de un millonario adelanto a la contratista H&B, que ganó la licitación.

AUDIENCIA. La diligencia final se realizó el último jueves, cuando se dio lectura al voto dirimente del juez supremo Jorge Luis Salas Arenas, tras la discordia producida, porque tres de los jueces supremos habían votado para que se acoja en parte los recursos de casación (revisión), planteados por Violeta Ruesta y el exgerente municipal Javier Salas Zamalloa.

Éstos habían sido condenados por la Primera Sala de Apelaciones de Piura por delito de colusión agravada en agravio del Estado, previsto en el segundo párrafo del artículo 384 del Código Penal, y les impuso seis años de privación de libertad.

Y los jueces supremos José Antonio Neyra Flores, Jorge Bayardo Calderón Castillo e Iván Alberto Sequeiros Vargas votaron por que se reforme esa sentencia en cuanto a la calificación legal y se confirme la sentencia de primera instancia, que los había condenado por delito de colusión simple y les había impuesto cuatro años de privación de libertad, suspendida en su ejecución por dos años, inhabilitación por el periodo de la pena, y una reparación civil solidaria de 20,000 soles.

Los otros dos jueces supremos habían votado por la absolución de la exalcaldesa Violeta Ruesta y de Salas Zamalloa.

DIRIMENTE. Así la situación, fue llamado a dirimir el juez supremo Jorge Luis Salas Arenas y tras la evaluación del caso por el referido magistrado, desde el 20 de setiembre del 2017 se fijó la fecha para la lectura de la sentencia.

El voto de Salas, leído en audiencia del último jueves, se adhirió al de Neyra, Calderón y Sequeiros, con lo cual se alcanzó los cuatro votos necesarios para la expedición de la resolución, concluyendo el caso con la condena a pena suspendida, tanto de Violeta Ruesta, como de Salas Zamalloa, e inhabilitación por el periodo de la pena.

COMPLICIDAD. Según Jorge Luis Salas, “lo propio es atribuirles complicidad primaria y no coautoría, puesto que por sus condiciones, de alcaldesa y gerente municipal, no tenían en esa contratación deberes específicos por razón de su cargo, por lo que en este caso no desarrollan en estricto el verbo rector del delito, pero sí la conducta de culpabilidad primaria en el delito de colusión, debido a que dicho proceder fue indispensable para lograr, cuando menos parte de la finalidad ilegal”.

“La complicidad puede tener lugar por acción o por omisión, importando únicamente que sea competente por el riesgo conjuntamente creado, que se realiza en el resultado”, sostiene al fundamentar su voto.

dejó hacer. El juez supremo recoge que el proceso de licitación presentaba irregularidades y en cuatro oportunidades le fueron enviadas cartas a la ahora exautoridad edil, advirtiéndole tal situación. Su participación se circunscribió a no evitar la consumación del delito y con ello permitió el resultado lesivo, alega.

Además, recién el 13 de octubre del 2011 se convocó a sesión de consejo y en ella acordaron solicitar información sobre las posibles irregularidades en el proceso de selección, debido a que un día antes Diario Correo había realizado una publicación, exponiendo tales anomalías, por lo que de no haber sido el tema materia de una información periodística, probablemente no se hubiera convocado a sesión, sostiene Salas.

RETORNARÁ A VIDA NORMAL. Según Emilio Ruesta, hermano de Violeta Ruesta, en los próximos días la exalcaldesa de Castilla estará retomando su vida normal.

Ella permanece oculta desde 6 de junio del 2016, es decir desde hace casi un año y cuatro meses, cuando la Primera Sala de Apelaciones de Piura, entonces presidida por el juez superior Daniel Meza Hurtado, la condenó a ella y otros exfuncionarios a seis años de cárcel efectiva por delito de colusión agravada.

Emilio Ruesta prefirió no señalar si su hermana ha estado oculta en Piura o fuera de la ciudad, hasta que la instancia de la Corte Suprema comunique su decisión a las dependencias correspondientes de la Corte de Justicia de Piura y Policía Nacional.