A cuatro y seis años de pena suspendida fueron condenados tres exfuncionarios del Gobierno Regional de Piura por el delito de colusión agravada en perjuicio del Estado, por las irregularidades detectadas en la ejecución del “Mantenimiento de vía de acceso principal para el Instituto de Educación Superior Tecnológico Huarmaca”, que estuvo a cargo del consorcio Kaori.

El Segundo Despacho de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Piura, a cargo de la fiscal provincial Doliveth Infante, obtuvo sentencia contra tres exfuncionarios de la Unidad Ejecutora de Institutos Superiores de Educación Pública Regional de Piura – Gore Piura, por el delito de colusión agravada en perjuicio del Estado.

Como resultado del trabajo fiscal, el Poder Judicial condenó a Juan Martín Cortez Cherres a seis años de pena privativa de la libertad como autor del delito de colusión agravada, a cuatro años a Thomas Danny Ruiz Frías, también como autor por el mismo delito y a Luis Carlos Vilela Maticorena: se le condenó a 6 años como cómplice primario.

También, el Poder Judicial dispuso la inhabilitación de los tres exfuncionarios del Gobierno Regional para ejercer función pública por el mismo período de la condena y el pago solidario de una reparación civil ascendente a de 73 325.95 soles.

Durante el juicio oral, la fiscal adjunta provincial Cynthia Rondoy Bances acreditó con los medios de prueba las irregularidades detectadas en la ejecución del servicio “Mantenimiento de vía de acceso principal para el Instituto de Educación Superior Tecnológico Huarmaca”, a cargo del Consorcio Kaori. Este hecho se registró en el año 2012 durante la gestión del exgobernador regional, Javier Atkins Lerggios.

Las investigaciones fiscales permitieron evidenciar que los exfuncionarios públicos se coludieron con el representante legal del consorcio Kaori para reformular el expediente técnico y suscribir la Adenda N.º 01, incorporando pagos quincenales por valorizaciones, figura no prevista ni en las bases ni en el contrato original, el cual establecía un pago global contra entrega de obra.

Dicha adenda fue el mecanismo que permitió pagos indebidos y sobrevalorados, mediante los cuales el contratista cobró 146 814.90 soles, equivalente al 75% del avance de obra, pese a que los informes técnicos determinaron que el avance real era de solo 42.65%, generando un perjuicio económico al Estado de 63 325.94 soles.

Recordemos que el Tercer Despacho de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Piura, obtuvo que se imponga una condena de tres años de pena privativa de la libertad contra Wilder Yopla, Carlos Escalante y Elver Benites, por el delito de malversación de fondos en agravio del Estado.