La Contraloría General detectó un perjuicio económico de S/ 11'803,515 en la región Piura, como resultado de 21 informes de control posterior que evidencian presuntas irregularidades en el pago de aguinaldos, incrementos remunerativos y beneficios a funcionarios, el mal uso de recursos del canon petrolero y otros fondos públicos, así como la aprobación de pagos sin sustento en la elaboración de expedientes técnicos en lo que va del 2020.

Este monto de perjuicio se incrementará al cierre de este año, ya que están en proceso de culminación dos auditorías de cumplimiento y otros servicios de control específico, en los cuales también se determina una presunta responsabilidad de los funcionarios.

De enero a noviembre de este año, la Gerencia Regional de Control (GRC) Piura y los Órganos de Control Institucional (OCI) de su ámbito emitieron 21 informes de control posterior, entre auditorías de cumplimiento y servicios de control específico, respecto a 13 entidades públicas de la región. Del análisis realizado por las comisiones de auditores se determinó que 110 funcionarios tienen presunta responsabilidad administrativa, civil o penal en los hechos identificados.

Entre los principales informes destacan el pago irregular de aguinaldos, bonificaciones e incrementos remunerativos a funcionarios de la Municipalidad Provincial de Piura durante el periodo de enero de 2015 a febrero de 2020 que ocasionó un perjuicio de S/ 6'923,228, por lo que recomendó el inicio de acciones legales y administrativas contra 15 servidores públicos.

También se detectó que funcionarios y servidores públicos del Gobierno Regional de Piura dispusieron de S/ 2'376,193 de los recursos correspondientes al rubro Canon y Sobrecanon, Regalías, Rentas de Aduanas y Participaciones, para pagar a personal contratado bajo la modalidad de locación de servicios. En este caso se identificó la presunta responsabilidad de 12 funcionarios.

Similar situación se presentó en la Gerencia Sub Regional de Morropón Huancabamba, donde 12 funcionarios están involucrados en el pago de servicios personales por proyectos de inversión, ejecutados con recursos de canon y sobrecanon, lo cual causó un perjuicio de S/ 1'094,556. En ambas situaciones se afectó la utilización de estos fondos públicos.

Asimismo, los auditores determinaron presuntas irregularidades en el otorgamiento de buena pro en diferentes procedimientos de selección, como en la obra de agua potable y saneamiento rural en el sector El Molino (Ayabaca), la elaboración del expediente técnico de la carretera La Costanera I (Talara) y en el mantenimiento correctivo y preventivo de nueve establecimientos de la Dirección Sub Regional de Salud Morropón Huancabamba.

Al 30 de noviembre, la Contraloría General publicó un total de 1068 informes que corresponden a las ocho provincias y 65 distritos de la región. De los servicios de control ejecutados 388 son de tipo concurrente, 311 orientaciones de oficio y 157 visitas de control.

De otro lado, la Contraloría informó que sigue de cerca los procesos de contrataciones y adquisiciones en el marco de la emergencia sanitaria por el COVID-19 y continúa con el despliegue de acciones para vigilar las obras del plan integral de Reconstrucción con Cambios, con énfasis en el control concurrente para alertar de situaciones adversas.