Cuestionan la contratación de una consultoría externa que realizó la Municipalidad de Talara

Los regidores de oposición aseguran que dicho servicio pudo ser realizado por los funcionarios
Cuestionan la contratación de una consultoría externa que realizó la Municipalidad de Talara

Cuestionan la contratación de una consultoría externa que realizó la Municipalidad de Talara

24 de Enero del 2018 - 10:06 » Textos: Yenny Barrientos » Fotos: Correo

La contratación de una consultoría externa realizada en la gestión de la alcaldesa de la Municipalidad Provincial de Talara, Rosa Vega, ha sido cuestionada por los regidores de oposición.

Mediante la orden de servicio N° 02881, de fecha 29 de noviembre del 2017, la comuna petrolera le otorgó el servicio de consultoría sobre arbitrios municipales al proveedor Juan Carlos Arbulú Carrasco por un costo de S/19,900.

El detalle del servicio es para la elaboración del informe técnico sobre arbitrios municipales 2018 de la Municipalidad Provincial de Talara, el cual estuvo amparado en el informe N° 438-11-2017-OAT-MPT emitido por el jefe de Rentas, Héctor Hoyos.

Asimismo, se detalla que la forma de pago sería el 30% a los 7 días de la presentación del primer informe, el 50% a la presentación del informe técnico y proyecto de la ordenanza municipal y el 20% a la aprobación de la ordenanza municipal.

Para el regidor Ruhanny Correa, el pago por dicho servicio ha sido totalmente innecesario, teniendo en cuenta que el gerente municipal y la alcaldesa aseguraron que han recibido la comuna con un desbalance financiero, y que el mismo pudo haber sido desarrollado por los servidores estables y contratados permanentes.

El funcionario comentó que en el área de rentas trabaja Mónica Valenzuela, que es una profesional experta en temas de rentas, y que ha desarrollado estructura de costos en los distritos y bien podía desarrollar el trabajo dentro de sus funciones, sin cobrar ningún adicional o por servicios.

Asimismo, indicó que la alcaldesa denunció que el gobierno anterior realizó un acto irregular similar al contratar el servicio de liquidación de beneficios y quinquenios para los trabajadores, cuando dicho trabajo también pudo haber sido realizado por el personal calificado estable y permanente del municipio.