Denuncian a policías de resguardar predios en litigio

La problemática de los más de 300 comuneros y presidentes de asociaciones que hasta hace una semana habitaban en los kilómetros 5 y7 de la vía de evitamiento Piura se acrecienta debido a la presunta permanencia de personal policial que estaría otorgando seguridad al sector privado.

LA DENUNCIA. El conflicto data desde la madrugada del martes 12 de diciembre, en el que alrededor de 165 agentes policiales al mando del comandante Jack Sánchez Denegri pusieron en marcha la diligencia policial de defensa posesoria extra judicial; sin embargo, según denuncian los comuneros y socios afectados es que nadie los notificó previamente para este desalojo e incluso hayan sido retenidos contra su voluntad por el personal policial y agredidos.

EL ACTA. Pese a que en el acta policial se indica que se recuperaron los predios que pertenecería a la empresa “Agroindustrial Santa Rosa Sac” de manera pacífica, el presidente de la asociación Señora del Carmen De Sol y Campo, Antonio Silva Lázaro presentó el mismo día una denuncia en la comisaría de Tacalá por presunto abuso de autoridad por parte del personal policial.

Asimismo denunció, con fecha del 13 de diciembre ante la Oficina Regional de Inspectoría de la PNP a los agentes participantes así como al comandante Jack Denegri por presuntamente haber agredido físicamente a él como a sus asociados.

En la denuncia indica que el personal policial protegían a los vándalos que se encontraban e n la zona destruyendo las viviendas de los supuestos “invasores”.

En ambas denuncias, Silva sindica al personal policial de haberlo golpeado en la cabeza con una palana con la finalidad de desalojarlo.

RETENIDOS. La asociación Señora del Carmen De Sol y Campo alberga alrededor de 282 socios de los cuales 18 familias se encontraban el día del desalojo.

De acuerdo a lo denunciado por el presentante legal de dicha sociedad, Alex Valdiviezo Urbina, el pasado martes tanto los agentes como los vándalos cerraron con candados el portón principal de dicha asociación la cual abarca 44 hectáreas de terreno, “secuestrando” de esta manera a los habitantes de la zona.

Ante ello, el día siguiente y debido a que estaban retenidos, se interpuso una demanda de Hábeas Corpus ante el Juzgado de Investigación Preparatoria de Castilla.

“En la puerta del portón de la asociación se habían apostado los policías y algunos delincuentes liderados por un individuo conocido como pícoro. Han quemado casi todo, solo a los que han estado en el lugar les han pintado con la frase “vive”, han actuado de manera irregular y eso se debe sancionar”, refirió Valdiviezo.

Otra de las afectadas es Francisca Chesquero Alberca, quien se encuentra en litigio con siete hectáreas de dicha zona, quien refirió que la madrugada del desalojo fue golpeada en brazos y piernas por los delincuentes que se encontraban en el lugar y que los agentes en vez de defenderla y controlar el orden público azuzaban en todo momento para que se retiraran.

“Ellos nos decían que no fuéramos que ya habíamos perdido. Me han golpeado en los brazos, si esta es una área judicializada la Policía no puede intervenir”, lamentó Chesquero.

RESGUARDO. Pero lo que ha llamado la atención a los comuneros y socios es el resguardo que ellos afirman que realiza el personal policial desde el pasado 12 hasta la fecha en el sector judicializado.

Debido a esta presunta irregularidad por parte de un grupo de agentes, el Congresista de la República, Hernando Cevallos Flores solicitó el último lunes un informe al general Luis Bisso Pum, director de la Macro Región Piura- Tumbes sobre la supuesta protección que se está otorgando.

“Lo de los terrenos es un tema judicializado que se deberá resolver en el ámbito correspondiente, lo que sí he solicitado es un informe policial porque la parte desalojada me refiere que desde el día del desalojo hay permanencia policial y eso no debe ser así, la Policía está impedida de brindar seguridad permanente al sector privado”, manifestó Cevallos.

Respecto a esta denuncia, el jefe de la Región Policial de Piura, coronel PNP Walter Cárdenas descartó que exista personal policial encargado de brindar seguridad a la empresa Santa Rosa SAC.

“Nosotros solo acudimos cuando hay desalojo, o una diligencia posesoria extrajudicial, de ahí no tenemos porque quedarnos. De ocurrir es algo que se sanciona”, aseguró Cárdenas.

COMUNIDAD CAMPESINA. En total son 18 asociaciones afectadas y 2,786 hectáreas que se encuentran en litigio con comuneros de Castilla y la agroexportadora Santa Rosa Sac.

Para Rosa Palacios De Garcés, quien cuenta con documentos que la acreditan como propietaria de cerca de 17 hectáreas, esto se trataría de una usurpación de tierras.

Es por eso que ante esta última acción extrajudicial realizada por la empresa, los afectados denunciaron ante la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Castilla el presunto delito de usurpación de agravada, al igual que lo hizo, Juan Lalupú Chávez, presidente de la Unidad de Producción N°4 Sector Cuevín, ya que cuentan con documentos que los ubican hace 40 años en dichos predios.