Denuncian presuntas irregularidades en adjudicación

Empresario denunció penalmente al gobernador regional, Reynaldo Hilbck, los miembros del comité de selección, el gerente del Gobierno Regional de Piura y al ganador de la obra por presunta colusión y falsificación de documentos
Denuncian  presuntas irregularidades en adjudicación

Denuncian presuntas irregularidades en adjudicación

24 de Diciembre del 2017 - 08:12 » Textos: Cinthia Cherres » Fotos: Correo

El representante legal de un consorcio interpuso una denuncia penal contra el gobernador regional de Piura, Reynaldo Hilbck, cuatro funcionarios y un empresario, por presuntas irregularidades durante la adjudicación de la obra de “Mejoramiento del servicio de agua potable y alcantarillado de los sectores 6 y 7 del asentamiento humano San Rosa” a cargo del Gobierno Regional de Piura (GRP).

LOS DENUNCIADOS. Se trata del empresario Jorge Macalupú Lazo, representante legal común del consorcio Miguel Ángel, integrado por las empresas Constructora San Sebastián Piura S.A.C., N&N S.A.C., Escalante Granda Edwards y Constructora y Servicios Generales Núñez S.R.L., quien denunció ante la Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Corrupción de Piura al gobernador, Reynaldo Hilbck; al gerente general de la entidad, Antonio Orellana Montenegro; a los miembros del comité de selección de la sede central conformado por César Montalván Mozo, Roberto Cárdenas Bazán y Fernando Millones Alba; y al representante legal del consorcio ganador Edicas S.A.C. Contratistas Generales, César Carrasco Sabogal.

De acuerdo oficio, los denunciados habrían incurrido en el presunto delito de omisión de actos funcionales, colusión y falsificación de documentos durante la adjudicación de la obra de saneamiento, cuyo valor es de S/4’502,433.

LA DENUNCIA. Según el portal del Seace, el GRP lanzó la convocatoria de contratación para la ejecución de la obra el 1 de junio pasado.

Es así que el 3 de agosto, durante la calificación de ofertas, el consorcio Miguel Ángel obtiene el primer puesto porque “la oferta se acercaba más al promedio”, Edicas S.A.C. ocupó el segundo lugar; mientras que el postor Inversiones Adri Contratistas E.I.R.L. quedó en el tercer puesto.

Sin embargo, el 15 de ese mismo mes, se procede a descalificar al consorcio Miguel Ángel porque supuestamente no cumplía con el requisito de ingeniero ambiental. Es así que, al día siguiente, el comité de selección otorga la buena pro a Edicas S.A.C. Contratistas Generales.

No obstante, doce días después, el consorcio Miguel Ángel solicitó la nulidad del proceso porque el consorcio ganador habría utilizado documentación con información falsa en lo referido a los profesionales propuestos.

Uno de ellos sería el ingeniero residente Marcial Chávez Cotrina, cuya experiencia se sustenta en la ejecución de una obra de saneamiento de la Municipalidad Provincial de Virú. Sin embargo, de acuerdo al contrato firmado, fueron los ingenieros Wilmer Salazar Alvarado y Carlos Carrasco Sabogal quienes fueron residentes de obra. El especialista contratado figura como asistente de obra.

Asimismo, el ingeniero ambiental, Geysi Chung Santa María, cuya experiencia se sustenta en un certificado de trabajo de la misma obra y de la misma municipalidad, tendría información inexacta pues el contrato de la obra, de fecha 19 de julio de 2010, incorpora al ingeniero Modesto Loredo Chuquitucto como especialista en medio ambiente.

Lo mismo sucede con el ingeniero propuesto como especialista en instalaciones sanitarias, Victor Cano Guerrero, y el maestro de obra, José Castro Vega.

OMISIÓN. Al contar con los supuestos medios probatorios para declarar la nulidad del proceso de licitación, el consorcio Miguel Ángel notificó sobre la presunta irregularidad al gobernador regional y al comité de selección en dos oportunidades, pero la única respuesta que obtuvo fue el pedido no ha sido atendido porque no cumplió con presentar la garantía exigida en la Ley N°30225.

“Llama poderosamente la atención que frente a tan graves hechos denunciados y comunicados, tanto verbal como por escrito, no se haya tomado acción alguna. Mucho peor, el gerente general del Gobierno Regional de Piura, después de más de un mes de notificado por la Procuraduría Anticorrupción, se rehusa a declarar la nulidad solicitada”, criticó el denunciante.

Asimismo, agregó que la denuncia no contempla infracciones administrativas, “sino que se trata de la comisión de una serie de delitos especiales y comunes que a todas luces se ha perpetrado por los funcionarios públicos del Gobierno Regional de Piura, así como de la contratista en agravio del patrimonio del Estado”.

Además, aclararon que la denuncia no trata de un recurso impugnatorio de parte, sino de una presunta comisión de delitos por parte del postor ganador y de los funcionarios.

ADVERTIDO. El secretario técnico Anticorrupción de Piura, Jaime Távara, criticó que desde agosto, mes en que se informó de la presunta irregularidad, y hasta la fecha no se hayan tomado acciones correctivas.

“Nosotros hemos informado al gobernador regional que se está configurando una causal y hemos recomendado la declaratoria de nulidad del proceso. Al final nos dijeron que no. Hasta la semana pasado todavía no terminan el proceso de verificación posterior del proceso de adjudicación. O sea, desde agosto a fines de diciembre aún no termina la verificación que es obligación de la Oficina de Abastecimiento que es el órgano encargado de las contrataciones. Ellos tienen que verificar toda la documentación de la propuesta técnica ganadora”, dijo.

El funcionario agregó que “se podría presumir que existe el delito de colusión entre los integrantes del comité de selección con la empresa ganadora. La denuncia penal se le advirtió al gobernador, no se tomó en cuenta y ahora tendrán que enfrentar el proceso”.

Este Diario intentó comunicarse con el gobernador, Reynaldo Hilbck, pero no contestó las llamadas. La jefa de Imagen, Elvira Carhuapoma, señaló que tampoco pudo contactar al mandatario regional.

LA OBRA. El valor referencial de obra fue de S/4,603,732.55, pero el consorcio Edicas S.A.C. ganó con una propuesta de S/4’502,433.

El comité de selección le adjudicó la obra el 8 de agosto pasado y tiene un plazo de ejecución de 150 días calendario para culminar los trabajos.

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