La Defensoría del Pueblo, en alianza con el Ministerio Público y la Dirección Regional de Educación de Piura, inició la supervisión al proceso de matrícula escolar 2018 en las instituciones educativas públicas de los distritos de Veintiséis de Octubre y Piura. En estas visitas se advirtieron algunas deficiencias que no garantizan el libre acceso a la educación ni la igualdad de oportunidades.
CASI TODAS. En este sentido, se evidenció que en siete de las ocho escuelas supervisadas no se publica la información necesaria para los padres de familia, como el calendario del período de matrícula, el número de vacantes y las prioridades o criterios de ingreso, a pesar de que, según la normativa vigente, estos datos deberían estar publicados 30 días antes del inicio del proceso.
Asimismo, se constató que se siguen requiriendo documentos no previstos en la norma técnica de matrícula 2018 como libretas de notas, certificado de estudios, ficha única de matrícula, fotografías recientes, micas y constancias del Sistema de Información de Apoyo a la Gestión de la Institución Educativa (Siagie).
COBROS IRREGULARES. Además, se continúa realizando cobros a padres de familia por conceptos no regulados que contravienen la gratuidad de la enseñanza como útiles o materiales educativos, la contratación de docentes, traslado de matrícula, por trámites, etc.
El caso más grave es el del colegio Jorge Basadre, donde la Apafa había publicado siete anuncios estableciendo que los padres deben pagar las deudas de Apafa del 2017, caso contrario se iban a restringir los documentos, los trámites en la escuela.
“No se puede restringir, por motivos económicos, el derecho a la educación. Hicimos que saquen esos avisos de la escuela porque crean restricciones”, precisó César Orrego Azula, representante de la oficina defensorial de la ciudad de Piura.