El caso de presuntas irregularidades en concurso a procesos administrativos

La Comisión Anticorrupción evalúa solicitar denuncia contra los miembros del comité por omisión de funciones
El caso de presuntas irregularidades en concurso a procesos administrativos

El caso de presuntas irregularidades en concurso a procesos administrativos

13 de Junio del 2018 - 11:35 » Textos: José Chapa » Fotos: Correo

El caso de las presuntas irregularidades en el concurso de ascenso de docentes de la Carrera Pública Magisterial, pasará al Área de Procesos Administrativos de la DREP (Dirección Regional de Educación de Piura). 

En tanto, la Comisión Anticorrupción evalúa solicitar que se realice una denuncia a la Comisión Evaluadora por presunta omisión de funciones. Así lo dio a conocer Jaime Távara Alvarado, secretario técnico de dicha Comisión Anticorrupción del Gobierno Regional, indicando que dicha instancia hace suyo dicho informe, por cuanto a hace unos meses emitieron un informe con similares conclusiones y recomendaciones.

Como se sabe, la Oficina de Ética de la DREP concluyó en su informe que 27 docentes que participaron en este concurso habrían recibido presuntamente en forma irregular la bonificación del 15% de puntaje, al no verificar la comisión el grado de discapacidad visual que se requería para obtener esta bonificación, además de no estar registrados en el Conadis (Comisión Nacional de las personas con Discapacidad). 

Esto lo señalan las bases de los concursos que indican que los certificados de discapacidad otorgados deben ser registrados en el Conadis, conforme a lo señalado en el capítulo XII, de la certificación del registro y estadística, menciona el informe de la Oficina de Ética. 

El documento agrega que aunque acreditaron su discapacidad, presuntamente no merecían la asignación de la bonificación del puntaje adicional del 15%, al no determinar con exactitud, el grado de discapacidad que debería considerarse para hacerse acreedor a este derecho. 

Cabe señalar que la Oficina de Ética de la DREP, entre sus recomendaciones, señala que la Oficina de Asesoría Jurídica en coordinación con la de Administración, emitirán un informe sustentatorio para disponer o solicitar, según sea el caso, la nulidad de oficio de los actos resolutivos emitidos en favor de los docentes.