En tres años habrían desviado más de S/ 5 millones
En tres años habrían desviado más de S/ 5 millones

Se estima que en solo tres años, el desvío de fondos públicos en la  Talara habría alcanzado la suma de cinco millones de soles, una cantidad considerable, teniendo en cuenta la situación en la que se encuentra el sector Educación en la región, con escolares y profesores trabajando en malas condiciones, y una infraestructura deficiente.

AUMENTA EL MONTO

Según indicó el fiscal Luis Ramos Rioja, titular de la Fiscalía Anticorrupción de Sullana, a los tres millones de soles que se estima se desvió durante los años 2015 y 2016, se sumarían otros dos millones que solo en el año 2014 se habrían desviado bajo la misma modalidad.

Ramos Rioja indicó que la investigación que realizan por el caso del desvío de fondos en esta UGEL avanza rápidamente y, en menos de dos meses, esperan concluir la primera etapa para pasar a la intermedia.

La investigación preparatoria lleva todavía 18 meses, y la Fiscalía no necesitará de los 36 meses solicitados para formular la acusación.

Cabe señalar que se ingresa la etapa intermedia, cuando concluye con la investigación preparatoria, y la Fiscalía procede a formular la acusación ante el juzgado, previo control donde se debate algunos puntos que no hayan sido considerados.

Como se sabe, por este caso de desvío de fondos en la UGEL Talara, donde se habrían malversado unos tres millones de soles, están siendo procesados unos 17 funcionarios, y otros 23 profesores.

El despacho que preside Ramos Rioja tiene a su cargo también otros casos de desvío de fondos de la UGEL Ayabaca, el cual se encuentra en la etapa preliminar, y el del exalcalde de Ayabaca, Humberto Marchena, quien en primera instancia fue absuelto pero está en curso por resolverse la apelación presentada por el Ministerio Público.

CASOS

Según informó el juez Ronald Soto Cortez, titular del Séptimo Juzgado Penal Unipersonal Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios en toda la región, en el año y dos meses que lleva funcionando el juzgado, ha recibido un total de 74 expedientes, donde se acusaba a 210 funcionarios y autoridades públicas.

De este total de expedientes, 45 han terminado con sentencias, 34 el año pasado y 11 en lo que va de este año.

Agregó que 99 fueron sentenciados, 66 condenados, 14 a penas privativas de la libertad efectiva, 52 a cárcel suspendida, 33 absueltos y 46 inhabilitados.

“Los procesos más vistos son los de ejecución de obras públicas y sus diferentes etapas, con irregularidades que van desde el requerimiento hasta la ejecución y liquidación de la obra, básicamente por acuerdos de concertación con el propósito de defraudar la expectativas públicas”, indicó el magistrado.

Respecto a la provincia que registre a la mayor cantidad de incidencia en este tipo de procesos, Soto Cortéz señaló que “no hay una provincia que destaque más porque los casos son indistintos, y son de diferentes gobiernos locales, no hay una provincia que en sí tenga una incidencia marcada respecto a otra”.

MÁS DETALLES

Agregó que tampoco ha llegado hasta la fecha algún caso o procesados que hayan sido calificados como organización criminal. “No propiamente como organización criminal, el Ministerio Público es el que lo determina y presenta en etapa de investigación preparatoria pero hasta ahora no”, acotó Ronald Soto.

Añadió que tienen pendientes 21 expedientes que están para juicio oral, “pero depende de las causas que determine el Juzgado de Investigación Preparatoria y de la Fiscalía”.

Refirió que de acuerdo a la carga procesal, el juzgado cuenta con el personal suficiente y que está sometido a una capacitación permanente.

“La capacitación es fundamental, se necesitan cursos porque los procesos son complejos por la naturaleza misma del caso, el cual está referido a procesos de contratación y manejo de la inversión pública que no es usual en el Poder Judicial, porque salen casos de hurto y robo, las pruebas son distintas”, anotó.

Señala que también se enfrentan a procesados que tienen una condición económica solvente, los cuales pueden contratar abogados, “eso implica que nosotros también nos preparemos más”.

 La presidenta de la Junta de Fiscales Superiores de Piura, Sofía Milla Meza, dijo que también están reforzando su equipo que ve casos de corrupción de funcionarios y de violencia familiar.

“Hemos tenido una alianza estratégica con la Contraloría, se dotará de peritos para colaborar con los fiscales y determinar las responsabilidades, era una de las deficiencias que ahora ya se ha salvado”, señaló Milla Meza.

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