GRP contrata a una empresa inhabilitada por corrupción

La Contraloría revela que no se hizo prevalecer la cláusula anticorrupción al Consorcio Reconstrucción, a pesar que uno de sus integrantes ya era investigado
GRP contrata a una empresa inhabilitada por corrupción

GRP contrata a una empresa inhabilitada por corrupción

09 de Mayo del 2018 - 08:50 » Textos: Cinthia Cherres » Fotos: Correo

Un informe de la Contraloría General de la República revela que el Gobierno Regional de Piura contrató a una empresa para ejecutar la “Rehabilitación del dique izquierdo del Río Piura-Bajo Piura”, a pesar que era investigada -y posteriormente inhabilitada- por participar en la presentación de documentos falsos en una obra de Pasco.

De esa manera se habría vulnerado la Ley de Reconstrucción N°30556, que estipula que el consorcio ganador debía presentar una declaración jurada indicando si sus representantes legales, accionistas, gerentes, directores y la misma contratista, tenían sentencia condenatoria, consentida o ejecutoriada, sanción administrativa o si tenían algún proceso penal o procedimiento administrativo sancionador en trámite.

OBSERVADA . Se trata del Consorcio Reconstrucción, cuyos integrantes son las empresas HC&Asociados SRL, Maquinorte S.A.C., House Bussines E.I.R.L. y Construcciones Civiles y Topográficas S.A.C.

De acuerdo al órgano de control, el gobierno regional suscribió el contrato N°88-2017 sin verificar que el consorcio ganador de la buena pro cumpla con la presentación de requisito relacionado con declaraciones juradas.

“Por el contrario, la referida declaración jurada fue presentada por un integrante que no representa al consorcio en su conjunto. Más aún, se advirtió que un integrante, que conforma parte del Consorcio, a la fecha de la suscripción del contrato mantenía procedimientos administrativos sancionadores en trámite por la comisión de infracciones”, indica el documento emitido a la institución.

En el informe de control N°07-2018, la Contraloría señala que la declaración jurada fue presentada solo por la empresa Maquinorte S.A.C., cuando debía ser emitida por el consorcio; es decir, los representantes legales Luis Salazar Garay y/o Hugo Campuzano Espinoza.

Además, el gobierno regional habría vulnerado las normas de contratación al suscribir el contrato pese a que el consorcio no cumplió con la presentación total de los requisitos.

A ello se suma que la empresa House Bussines E.I.R.L., integrante del consorcio, a la fecha de la firma del contrato, mantenía procedimientos administrativos sancionadores en trámite por haber participado en la presentación de documentos falsos y/o inexactos en dos procesos de selección en Pasco.

Incluso, dicha empresa fue inhabilitada con resolución N°051-2018, de fecha 10 de enero de 2018, por 36 meses por su responsabilidad en la presentación de documentación falsa e información inexacta, teniendo prohibido participar en licitaciones.

Finalmente, el órgano de control advierte que “la situación expuesta generó que la entidad suscriba contrato con un contratista que no cumplió con los requisitos necesarios para el efecto y que posee procesos administrativos sancionadores en curso, lo que no declaró antes de la firma del mismo; correspondiendo que la entidad disponga las acciones previstas en la normativa vigente y condiciones contractuales”.

COMITÉ EVALUADOR. De acuerdo al acta de otorgamiento de la buena pro, el proceso de selección observado por la Contraloría fue licitado el 11 de octubre de 2017.

El comité de selección estaba presidido por el actual gerente de Infraestructura Martín Saavedra, e integrado por Cesar Montalván Mozo y Luis Millones Alba.

Dicho equipo le otorgó el máximo puntaje al consorcio Reconstrucción (100%) con un monto ofertado de S/ 28’614,808. En cambio, al segundo postor, el consorcio Piura, lo descalificó porque no cumplía con acreditar la experiencia del jefe de estudio, planteado en las bases de la licitación.

Aunque en el proceso discrepó César Montalván Mozo, los votos del gerente de Infraestructura Martín Saavedra More y del miembro Luis Millones Alva aprobaron la otorgación de la buena pro.

Al ser consultado sobre el tema, el gerente de Infraestructura Martín Saavedra dijo que “no lo he visto y lo único que por ahí leí son riesgos, pero no lo he analizado. Le corresponde a Abastecimiento, yo no soy el área de contrataciones. No recuerdo haber sido miembro del comité, pero en caso haya sido, yo solo veo la propuesta técnica y económica, la declaración jurada es para la firma del contrato, a ellos (Abastecimiento) les corresponde”.

Sin embargo, fue Saavedra quien en su calidad de gerente de Infraestructura firmó el contrato con el consorcio, de acuerdo al documento que obra en el portal del Seace.

Para el secretario técnico de la Oficina Regional Anticorrupción, Jaime Távara, tanto el jefe de Abastecimiento como el de Infraestructura incurrieron en una omisión de funciones al no verificar que el consorcio presente las declaraciones juradas, tal y como lo estipula la cláusula anticorrupción.

“Para firmar el contrato, ellos tienen que presentar las declaraciones juradas, ya pasó la responsabilidad del comité, es responsabilidad del jefe de la Oficina de Abastecimiento y Servicios Auxiliares, Adriano Jara, y de quien celebra el contrato, que es la Gerencia Regional de Infraestructura. Hay una clara omisión de las funciones que tenían que cumplir ambos funcionarios. Debieron verificar que estén todas las declaraciones juradas de los representantes legales, más no de uno”, dijo.

Távara agregó que esa deficiencia ya no se puede subsanar porque el contrato ya está firmado y ya vencieron los plazos para que el contratista que perdió presente la impugnación del proceso.

“Estamos solicitando el deslinde de responsabilidades en el nivel administrativo porque se omitieron funciones”, dijo.

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