Dos funcionarios y un exfuncionario de la Dirección Regional de Salud (Diresa) de Piura fueron inhabilitados por más de 2 años para trabajar en el Estado, al haber comprobado su irregular actuación en el proceso de adquisición de una planta generadora de oxígeno medicinal para el establecimiento de salud I-4 de Huancabamba y, pese a la necesidad de atender a los pacientes afectados con COVID-19, el equipo sigue inoperativo.

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El Tribunal Superior de Responsabilidades Administrativas de la Contraloría General de la República resolvió inhabilitar a Félix Alfredo Vega Ayala por 2 años de inhabilitación para el ejercicio de la función pública. Además, a Hugo Santos Vásquez por 2 años con 6 meses. Mientras que al exfuncionario Alexis Arnulfo Saona Rodríguez le impusieron la misma sanción. Esto, al haberse determinado responsabilidad administrativa funcional por la comisión de la conducta infractora muy grave.

El fallo está vinculado a los hechos del Informe de Control Específico 009-2022-2-4529-SCE de agosto del 2022 por el Órgano de Control Institucional (OCI) de la Diresa, que identificó a los encargados de Administración, Logística y Control Patrimonial con presunta responsabilidad administrativa sujeta a la potestad sancionadora de la Contraloría, además se determinó una presunta responsabilidad penal.

De acuerdo con el informe de control, en agosto de 2021, la entidad compró mediante contratación directa una planta de oxígeno tipo PSA de 15 a 20 m3 por hora tipo dúplex, pero la comisión de auditores evidenció que se otorgó la buena pro a un consorcio que no acreditó documentalmente la totalidad de requisitos de cada componente de la planta, incluso los encargados de evaluar las ofertas de los postores aplicaron criterios distintos y solo se admitieron tres de las ocho propuestas presentadas.