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El Ministerio Público inició una investigación preliminar contra 11 integrantes de una comunidad campesina y exfuncionarios de la Dirección de Agricultura y Pro Rural del gobierno regional de , por presunto tráfico influencias y colusión en la inscripción irregular de terrenos eriazos del Estado.

INVESTIGACIÓN

La fiscal Ruth Poicón Chang , de la Fiscalía de Crimen Organizado, dispuso iniciar investigación por el plazo de 60 días contra once integrantes de la comunidad Milagroso Señor Cautivo, entre los que figuran Alfonso Neyra Alemán, Omar Armestar Prieto, Laura Vilela Marchán, Rosa Lira Camacho, Luis Távara Polo, Alejandro Borrero Otero, Wilmer Inga Castillo, Jean Neyra Távara, Fermín Jiménez Espinoza, Jhon Delgado Balcazar, Carlos Reyes Ávalos, Pedro Távara Polo, Fermin Quispe Taya, Elvis Miranda Campoverde, Elmer Ruiz Madrid, Ana García Alburqueque, César Guardado Cruz y José Huachillo Cevallosl, por el presunto delito de organización criminal y otros, en agravio del Estado.

Asimimo, se investiga a Alfredo Neyra Alemán por colusión y tráfico de influencias en agravio del Gobierno Regional de Piura, mientras que la exgerente regional de Saneamiento Físico Legal de la Propiedad Rural, Olga Trelles Martino, y el exdirector regional de Agricultura, Mario Laberry Saavedra, son sindicados por tráfico de influencias.

La denuncia interpuesta por Pedro Carraco Sierra y María Lachira Vilela señala que los denunciados se constituyeron como la comunidad campesina Milagroso Señor Cautivo del sector Los Ejidos de Huán en el 2013, con el fin de lograr la inscripción de un terreno de 3, 800 hectáreas.

Para que les dieran ese reconocimiento como comunidad campesina tenían que solicitar la demarcación territorial, para lo cual presentaron documentos de un terreno comunal de 6, 005 hectáreas en la que señalaron que realizaban actividades de agricultura y habitaban.

Sin embargo, el 16 de junio de 2015, la Gerencia Regional de Saneamiento Físico Legal de la Propiedad Rural declaró improcedente el pedido de reconocimiento de la comunidad campesina, por no cumplir los requisitos.

Ante esto, la comunidad Milagroso Señor Cautivo, representada por Omar Armestar, apeló la medida y nuevamente la gerencia de Pro Rural les declaró infundada su apelación en marzo del 2016.

La gerencia regional de Saneamiento Físico Legal de la Propiedad Rural sustentó su negativa en un informe en el que se detalla que no se les otorga el reconocimiento debido a que en las 6, 005 hectáreas son terrenos eriazos en los que no existe actividad agraria ni asentamiento poblacional.

CERTIFICADO

La denuncia presentada ante la Fiscalía precisa que los involucrados al no lograr la inscripción registral del predio de 3, 800 hectáreas, buscaron otro mecanismo para conseguir el fin.

Posteriormente, el representante de la comunidad, Omar Alexis Armestar Prieto, y su cónyugue Rosa Elvira Lira Camacho, aparecen como compradores del predio en cuestión mediante una escritura pública de compra venta ante el Juez de Paz de La Huaca en el 2004.

Las escrituras de compra y venta fueron presentadas para su incripción en Registros Públicos pero se observó que del total de hectáreas solo se acreditó que 2, 000 eran destinadas para actividad agrícola mientras que las 1, 800 no acreditaron cambio de condición, por lo que serían terreno eriazo.

Es por eso que los compradores presentaron un certificado de Actividad Agraria emitido por el director de Agencia Agraria Chira de la Dirección Regional de Agricultura, de fecha 31 de julio del 2017 .

En el certificado se señala que Armestar Prieto viene desarrollando actividad agraria en una extensión de 2,000 hectáreas, a través de cultivos de limón, banano, maíz y crianza de ganado.

Luego, el 18 de setiembre de 2017 Armestar solicita registrar el terreno en la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp), acreditando la escritura pública, el certificado de Actividad Agraria y certificado Negativo de Zona Catastrada.

“Si la sociedad conyugal compuesta por Omar Armestar y Rosa Lira son los mismos miembros de la comunidad y eran los supuestos propietarios del terreno en el 2004, no tendría ningún objeto registrar a una comunidad campesina a favor de decenas de comuneros”, concluye el informe de la Oficina Anticorrupción del Gobierno Regional de Piura.

La mencionada oficina recomendó derivar los actuados al Ministerio Público.

VERSIÓN

Al respecto, el ex director regional de Agricultura, Mario Laberry, indicó que el certificado de Actividad Agraria fue anulado durante su gestión, a mediados del 2018.

“Al enterarnos de lo sucedido decidimos anular el certificado emitido por la Dirección de Agencia Agraria e informamos al gobierno para que se tomen las acciones correspondientes”, señaló Laberry Saavedra.

Indicó que no se sancionó a los que emitieron dicho documento por cuanto ya no laboraban, al haberse jubilado.

Mientras que la exgerente de Saneamiento Físico Legal de la Propiedad Rural, Olga Trelles Martino, indicó que informaron sobre las irregularidades a la Superintendencia de Bienes Nacionales y a Registros Públicos.

“Nosotros no hemos intervenido en la inscripción del título, al contrario hemos actuado en defensa de lo terrenos del Estado”, señaló Trelles Martino en su defensa.

Cabe mencionar que el Ministerio Público ha citado a los investigados para que brinden su declaración sobre los hechos que se les imputan.

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