Ante los cuestionamientos hacia Prorural, institución a la que acusan de adjudicar once hectáreas de tierras de Las Lomas a la empresa minera Pomafort SAC, que presentó un plan de explotación caprina, la titular de esta institución, Jusbie Gonzales Navarro, anunció que realizarán una nueva inspección ocular y de comprobarse que la empresa incurrió en alguna irregularidad, procederán a anularlo.

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La gerencia de Prorural justifica la aprobación del proyecto caprino a la empresa Promafort SAC, alegando que operan bajo el “principio de buena fe procedimental y presunción de veracidad”, partiendo de la base de que la información presentada era “veraz y confiable”, a menos que existan pruebas claras de lo contrario.

Por este motivo, Prorural informó que ha decidido ejecutar una nueva inspección ocular para corroborar si las condiciones del terreno han cambiado o si se incurrió en alguna irregularidad posterior. La funcionaria precisó que la empresa Pomafort SAC tiene un plazo de dos años para ejecutar el proyecto de explotación caprina.

“Aun no se ha concluido el proceso de adjudicación, respetando la institucionalidad y el principio de confianza de la población en sus procedimientos. Sin embargo, si determinamos que su finalidad es el procesamiento de minerales, categóricamente se va a proceder a declarar la nulidad, con el único objetivo de salvaguardar los intereses del Estado y cumpla con la finalidad de actividades agropecuarias”, explicó Jusbie Gonzales.

Este proceso se enmarca en un contexto de desorden administrativo histórico que, según la gerencia de Prorural, heredó más de 10,000 casos sin la debida atención desde el año 2000. A pesar de los esfuerzos por el ordenamiento y la defensa del agro por parte del gobernador Luis Neyra, es necesario investigar si un proyecto de crianza de cabras encubre el uso de minería, para asegurar que las tierras cumplan con el  objetivo principal y beneficien al desarrollo económico y social de la región.