La Fecor pide 36 meses de prisión para "Los Impostores de la Reconstrucción"

Organización criminal, estafa agravada, falsedad genérica y falsificación de documentos son los cargos que les imputan
La Fecor pide 36 meses de prisión para "Los Impostores de la Reconstrucción"

La Fecor pide 36 meses de prisión para "Los Impostores de la Reconstrucción"

16 de Enero del 2019 - 12:36 » Textos: José Chapa » Fotos: José Chapa

La Fiscalía Especializada en Criminalidad Organizada (FECOR) solicitará 36 meses de prisión preventiva para los diez detenidos por el caso de “Los Impostores de la Reconstrucción”, a quienes se les imputa los presuntos delitos de organización criminal, estafa agravada, falsedad genérica y falsificación de documentos.

El requerimiento alcanza a diez personas que fueron intervenidas el pasado 31 de diciembre del año pasado, durante un operativo ejecutado por la División de Delitos de Alta Complejidad (Diviac) de la Policía, junto a los fiscales especializados en Criminalidad Organizada de Piura.

Los imputados son Miguel Martínez Rivera, José del Carmen Santamaría Sandoval, Néstor Hugo Cabrera Ruiz, Irma Lisseth Ramírez Torres, y Ramiro Rolando Solís Bustamante.

También Javier Eduardo Lozada Romero, Marcia Erika García Vilela, Rosario Yangua Pintado, Miguel Ángel Vásquez Durand, y Humberto Gerardo Zavaleta Pinedo.

LA AUDIENCIA SERÁ MAÑANA 

La audiencia ha sido programada para mañana jueves en el Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de Piura, que despacha la jueza Milagros La Torre Vásquez.

Mientras tanto, tras la intervención el último lunes de un equipo del Ministerio Público al fiscal adjunto, Ernest Azabache Vidal, la Oficina Desconcentrada de Control Interno le inició una investigación, al igual que el despacho especializado en Corrupción de Funcionarios.

LAS CABECILLAS

Según se pudo conocer, de las diligencias que realiza la Fiscalía Especializada en Criminalidad Organizada, trascendió que esta organización que estafaba a los empresarios, sería dirigida por dos colombianas.

Como ya se ha dicho, este equipo de estafadores inicialmente había montado una oficina en un inmueble ubicado en la urbanización Miraflores del distrito de Castilla.

Tras una serie de denuncias, que, según algunos agraviados, inicialmente no obtuvieron respuesta, finalmente a fines de octubre del año pasado es que por encargo del Ministerio Público de la sede central, se interviene la vivienda ubicada en la manzana M de calle Los Juncos de la urbanización castellana.

Ese fue el punto de partida de una investigación que tuvo como segundo paso, la intervención de las 10 personas el 31 de diciembre del 2018, a pocas horas de la llegada del nuevo año.

LA INTERVENCIÓN

Ese día, los presuntos timadores sostenían una reunión en el auditorio de la Cámara de Comercio y Producción de Piura, con varios empresarios a quienes se presentaron como representantes del programa Crecer Multisectorial Zonal-Piura, dependiente de la PCM (Presidencia del Consejo de Ministros), la cual era falsa.

Según las autoridades, esta bien montada organización contaba con sellos y documentación falsa para captar a los empresarios que estaban dispuestos a cancelar “diezmos”, por la adjudicación de las obras.

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En el colmo de la audacia, estas personas publicaron en el boletín del diario oficial El Peruano una resolución de urgencia falsa, donde daban cuenta de la conformación de un órgano especial de contrataciones autónomo, facultado para invitar a empresas, recibir cotizaciones y seleccionar a postores, para ejecutar obras de reconstrucción por un monto de 2,000 millones de soles.

Uno de los atractivos para los empresarios era la posibilidad de obtener una obra a través de una adjudicación directa, para ello, luego de ser captados, recibían un correo falso de la PCM: webmasterprocesos@pcm-zonalpiura.com.pe.

Tras obtener la lista de los empresarios estafados y en proceso, las autoridades los citaron para complementar las diligencias preliminares, antes de solicitar su prisión preventiva.

Pese a la reserva en que se manejan las investigaciones, trascendió que dos extranjeras estarían al mando de esta organización, las cuales incluso habrían amenazado a los detenidos para que no colaboren con las investigaciones.

Trascendió que en uno de los celulares incautados a los detenidos, se halló esta información, además de otras relacionadas con el fiscal Azabache, situación que conllevó a su intervención.

Se presume que los nexos de esta presunta organización criminal alcanzarían a más personas, incluso a otros miembros del Ministerio Público, aunque eso es materia de investigación.

INVESTIGAN A FISCAL

Tras el operativo del lunes, donde un equipo del Ministerio Público intervino al fiscal Ernest Azabache y recabó importante información complementaria al caso, la oficina de Control Interno que despacha la fiscal superior, Faviola Susana Campos Hidalgo, le inició una investigación administrativa disciplinaria.

Según informó Campos Hidalgo, la diligencia del lunes se realizó en base a una comunicación que les hizo la Fiscalía Especializada en Criminalidad Organizada, efectuándola en forma conjunta con la Fiscalía Superior Anticorrupción que despacha el fiscal, Ramiro Calle.

“A nivel de Control Interno ya se inició la investigación, porque el área de Crimen Organizado que ya está realizando una investigación, nos comunica algunas circunstancias. No es una investigación de oficio, se trata de una comunicación hecha por conducto regular”, anotó la fiscal.

Agregó que a nivel administrativo, realizará otras diligencias complementarias respecto a la investigación. “Hay que recabar una serie de elementos, y las personas que son pasibles de una investigación administrativa tienen derecho a dar sus argumentos, sus descargos, es parte del procedimiento, lo hemos abierto por algunos meses”, acotó Campos Hidalgo.

Cabe señalar que, a nivel penal, también se le abriría una investigación al fiscal Azabache. Este proceso lo tendrá a cargo la Fiscalía Superior Anticorrupción que despacha el fiscal Ramiro Calle, quien tiene a cargo también los casos de otros tres fiscales investigados por corrupción. 

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